Estado social y nación cívica frente al elitismo socioliberal y la fragmentación territorial
N.d.A: este artículo no existiría en su forma definitiva sin las inapreciables contribuciones de David Velilla y Juan Luis González.
Sinopsis: el significado del término “reformismo” y su tergiversación “orwelliana”
En la historia política española, “reformismo” y “progresismo” son términos que han sufrido distorsiones semánticas. Originalmente, a finales del siglo XIX e inicios del XX, designaban un impulso de cambio social y modernización promovido desde una izquierda moderada o un liberalismo de tinte social. Ese reformismo genuino era esencialmente sinónimo en la praxis, que no en el origen, de lo que hoy llamaríamos socialdemocracia clásica: transformar gradualmente la sociedad –mediante leyes, educación y ampliación de derechos– para combatir las desigualdades y mejorar las condiciones de las mayorías populares. Se trataba, en suma, de un socialismo democrático, no de adscripción marxista, aunque sí marxiana[1], ya fuese inspirado en un humanismo laico (a la manera de Azaña) o en un humanismo cristiano (representado por Giménez Fernández[2]), en ambos casos asociado a un firme compromiso con la justicia social. [3]
Con el tiempo, este significado histórico fue pervertido por élites políticas que se apropiaron del término “reforma” vaciándolo de su contenido igualitario. Un ejemplo notorio ocurrió en los años 90, cuando José María Aznar proclamó liderar un “centro reformista” para impulsar en realidad una agenda neoliberal de privatizaciones y recortes. Así, “reformismo” llegó a usarse para proyectos prácticamente opuestos a su espíritu original. Como advirtió irónicamente un comentarista, «esas dos palabras, centro y reforma, pueden querer decir muchas cosas, pero corren el riesgo de no decir absolutamente nada» [1].
Frente a esta confusión, las líneas que siguen a continuación reivindican el sentido original del reformismo: no existe un “centro” neutro en materia de progreso social –o se avanza en igualdad o no–. El auténtico reformismo implica tomar partido por la igualdad. En España, como veremos en este artículo, ese debate ha sido un hilo que recorre nuestra historia desde la Generación del 98 hasta hoy, y encuentra en Izquierda Española su avatar más reciente.
Preludio: La historia de un fracaso. España y la creación del estado liberal moderno
Como nos enseña la Historia, España no consiguió consolidar un Estado liberal moderno en el siglo XIX. Tras la revolución liberal hubo un pacto oligárquico entre la antigua aristocracia absolutista y la nueva alta burguesía que tomó las riendas del país, evitando reformas profundas en beneficio propio. En consecuencia, las transformaciones liberales quedaron incompletas: las Constituciones progresistas de 1812 y 1837 no lograron arraigar plenamente ni plasmarse en la práctica política, mientras que textos moderados o “otorgados” –como el Estatuto Real de 1834 (bajo la regente María Cristina) y la Constitución conservadora de 1845– reflejaron mejor el reparto real del poder entre la Corona y las élites dominantes.
Bajo esta óptica, la modernización política y social de España solo avanzó a trompicones, principalmente por la presión de los liberales progresistas, quienes impulsaron medidas como las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) o la extensión del ferrocarril. Sin embargo, estos progresistas fueron marginados del poder por los liberales moderados y sus aliados aristocráticos, que frenaron o revirtieron muchas de esas reformas. De hecho, cada vez que los progresistas intentaron profundizar la revolución liberal, chocaron con los intereses de las clases dominantes: las grandes medidas liberales (desamortización de tierras, reforma fiscal, sufragio más amplio, etc.) amenazaban el poder de la oligarquía y acababan provocando una reacción conservadora –por ejemplo, acaparando las compras de tierras desamortizadas, reforzando la desigualdad entre grandes propietarios por un lado, y pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros y jornaleros, por el otro[4]–. Así, los intentos de reforma más profundos –desde la Vicalvarada de 1854 (que abrió un efímero Bienio Progresista) hasta la Revolución Gloriosa de 1868 liderada por Prim y Serrano (que instauró el Sexenio Democrático, 1868-74)– fracasaron o derivaron finalmente en soluciones conservadoras. Tras el Bienio Progresista (1854-56) se restauró la Constitución moderada de 1845, y tras el convulso Sexenio Democrático (monarquía de Amadeo I y Primera República) se impuso en 1874 la Restauración borbónica dirigida por Cánovas del Castillo.
La Restauración consolidó un sistema político oligárquico y caciquil. En apariencia, España adoptó una monarquía constitucional con Cortes y elecciones[5], pero en la práctica era un régimen controlado por una élite. Cánovas diseñó un turno pacífico de dos partidos (Conservador y Liberal Fusionista) que se alternaban en el poder mediante elecciones amañadas por una red de caciques locales. Como denunció el regeneracionista Joaquín Costa en 1902, la política española se había convertido en “oligarquía y caciquismo”, es decir, el gobierno de una minoría de notables sostenido por el fraude electoral y el clientelismo. Este modelo caciquil, aunque aportó estabilidad tras décadas de pronunciamientos y guerras, impidió cualquier renovación democrática real y perpetuó un orden social profundamente desigual.
Este fracaso en la construcción de un Estado liberal funcional durante el siglo XIX no impidió del todo ciertos logros materiales y avances económicos. España experimentó crecimiento demográfico, expansión del mercado interno, mejoras en la agricultura y núcleos incipientes de industrialización en Cataluña o el País Vasco. Sin embargo, estos progresos ocurrieron no gracias al sistema político imperante, sino a pesar de él. Lejos de ser el fruto de una planificación reformista deliberada, obedecieron más bien a inercias externas y a la influencia del contexto europeo: una modernización por ósmosis, empujada por la necesidad de integrarse en las dinámicas continentales, pero sin una arquitectura estatal coherente que la sostuviera. El régimen político español no fue motor de transformación, sino freno. En consecuencia, España avanzó “arrastrando los pies”, con lentitud y desequilibrio, perdiendo la oportunidad de articular un proyecto nacional modernizador comparable al de otras naciones europeas.
Frente a ese régimen oficial se situaron las corrientes democráticas, republicanas y socialistas, que quedaron fuera del reparto del poder. Ya desde mediados de siglo existieron demócratas radicales y republicanos (protagonistas en 1868-74) cuya influencia fue limitada bajo la Restauración. Hacia finales del siglo XIX emergió también el movimiento obrero organizado –socialistas (PSOE fundado en 1879) y anarquistas–, todos ellos críticos con el sistema canovista. No obstante, durante el siglo XIX estas fuerzas alternativas fueron minoritarias o reprimidas, sin lograr desplazar a la oligarquía dominante.
Finalmente, todo el proceso desembocó en la crisis de 1898. La derrota militar frente a Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas supuso el Desastre del 98, que conmocionó a la opinión pública española. Intelectuales y políticos regeneracionistas interpretaron entonces que el siglo XIX había sido un fracaso estructural, una modernización fallida. Tomaron conciencia de los “males de la Patria” y de la necesidad de regenerar España desde sus cimientos, al considerar que el país llegaba al siglo XX rezagado y lastrado por las viejas estructuras oligárquicas.
La reacción ante una crisis existencial: Ortega y Azaña – liberalismo social y nación integradora
Ante esta situación y la toma de conciencia consiguiente, los intelectuales regeneracionistas de 1898 (Costa, Picavea, Mallada, etc.) sentaron las bases del reformismo al diagnosticar el atraso de España y proponer profundas reformas políticas (contra el caciquismo oligárquico), sociales (educación, prosperidad para las clases populares) y morales (un ethos público europeo y laico) para “regenerar” el país. Este impulso cristalizaría en figuras como José Ortega y Gasset y Manuel Azaña, quienes en las primeras décadas del siglo XX recogieron esa misión modernizadora[6].
Ortega y Gasset, filósofo y “pedagogo social”, asumió la tarea de pensar un proyecto integral de reforma para España desde un liberalismo avanzado, europeísta y con marcado acento social. Sus propuestas –esbozadas ya en 1914 en la conferencia “Vieja y nueva política” y desarrolladas durante la Segunda República– apuntaban a converger los valores del liberalismo clásico (instituciones representativas, derechos individuales, secularización) con objetivos de justicia e igualdad social.
Ortega y Gasset concebía la democracia como un régimen guiado por dos principios fundamentales: la nación y el trabajo. Defendía una España organizada como una “república de trabajadores”, en la que el Estado no solo garantizase las libertades políticas —libertad de conciencia, secularización institucional, derechos ciudadanos efectivos— sino que además asumiera un papel activo en la estructuración social para superar las fracturas de clase y velar por la dignidad económica de todos. [3]
Frente al modelo liberal clásico centrado en el individuo y el laissez-faire, Ortega proponía una economía mixta, racionalmente planificada, en la que el Estado actuase como órgano técnico director, subordinando la propiedad privada y la iniciativa particular al interés general. Su crítica al liberalismo económico lo alineaba con una concepción próxima a la socialdemocracia, en la que la justicia social y los derechos colectivos se imponían a la lógica de mercado. Esta visión integradora —liberal en lo político, y social y protokeynesiana sin saberlo, en lo económico— convertía a Ortega en un exponente singular del reformismo español, defensor de un Estado activo, culto y solidario, que corrigiese la desorganización y el egoísmo capitalistas para ordenar una convivencia basada en el trabajo como vínculo orgánico entre los ciudadanos.
Sin embargo, Ortega cargaba con un pecado original semántico: su afán de superar la división izquierda-derecha en pos de un gran proyecto común. Proponía fundar un “gran partido nacional” por encima de las siglas tradicionales, un movimiento transversal que uniese a derechas e izquierdas moderadas en la tarea común del Estado. En otras palabras, soñaba con una tercera vía centrista que dejase atrás los bandos para lograr la regeneración nacional. Esta apuesta por la equidistancia, pese a sus buenas intenciones conciliadoras, suponía un riesgo estratégico: enmarcaba el proyecto progresista casi como un punto medio aritmético entre conservadores y socialistas, en lugar de presentarlo como un compromiso firme con la justicia social. Al envolver la reforma social en la etiqueta difusa de “centro”, Ortega terminó diluyendo la identidad transformadora de su mensaje. La virtud de su “liberalismo social” venía lastrada por ese halo centrista que, a la larga, permitiría travestir el reformismo en moderación desideologizada.
Un aspecto delicado del reformismo orteguiano fue la cuestión territorial. Ortega concebía España como una nación que debía reconciliarse con su pluralidad interna, pero sin romper su unidad. A diferencia de los intentos federalizantes de Pi i Margall[7] en el siglo XIX, defendió tempranamente un autonomismo generalizado y simétrico: otorgar cierto autogobierno a todas las regiones por igual, para regenerar la vida local (acabar con el caciquismo rural) y acomodar la diversidad peninsular, evitando a la vez privilegios o desigualdades entre territorios [3]. Su propósito era integrar a Cataluña y el País Vasco en un proyecto nacional común sin recentralización rígida, pero también sin ceder la soberanía a particularismos. El objetivo era que la cesión de autogobierno satisfaría a las élites nacionalistas y encauzaría sus demandas dentro de un proyecto común.
Paralelamente Manuel Azaña, desde la presidencia de la Segunda República, compartía con Ortega esa visión de una España moderna, libre e ilustrada, que reconociera su diversidad regional en el marco de un “Estado integral” que, sin dejar de ser unitario, reconocía las autonomías como forma de encajar las realidades propias de Cataluña, el País Vasco u otras regiones en una España democrática y plural. Tanto Azaña como otros líderes republicanos –como el socialista Prieto o incluso sectores del PCE– confiaban en que la descentralización bien entendida apagaría los separatismos y fortalecería la democracia local [3].
Por tanto, como podemos ver, Ortega y Azaña abogaron por una solución jacobina moderada al problema territorial: descentralizar para satisfacer las identidades locales, pero manteniendo la igualdad esencial entre españoles y la integridad del Estado.
Sin embargo, Ortega alertó ya en 1932 que el “problema catalán” era “perpetuo e irresoluble” en términos absolutos, y que España solo podía “conllevarlo” sin resolverlo del todo, soportando con paciencia sus tensiones intrínsecas.
Con el estallido de la Guerra Civil (1936-1939), las tensiones entre el proyecto reformista transversal de intelectuales como Ortega y la realidad política polarizada se evidenciaron trágicamente. Las alianzas coyunturales que estos pensadores proponían no resistieron la radicalización del conflicto. Las lealtades primarias –de clase, ideológicas o nacionalistas– se impusieron a los puentes centristas. En ese contexto extremo, el equilibro ideado por Ortega se reveló insuficiente: ni su liberalismo social pudo evitar la catástrofe, ni su llamado a superar las etiquetas tradicionales encontró eco duradero. La Guerra Civil supuso el naufragio de aquella tercera vía republicana incipiente: los bandos se impusieron sobre cualquier síntesis reformista.
Durante la contienda, además, las tensiones territoriales dentro del bando republicano se agudizaron en cuestiones de lealtad y coordinación bélica. Al final de sus días, exiliado y derrotado, el propio Azaña se confesó desengañado con respecto al problema territorial: tras ver la posición de los nacionalistas catalanes durante la contienda, concluyó con amargura que, con cualquier régimen –monarquía o república, centralismo o autonomía–, “la cuestión catalana” persistiría como manantial de discordia y perturbación apasionada. Es decir, Azaña terminó aceptando la tesis orteguiana de que las concesiones descentralizadoras, por bienintencionadas que fueran, podían ser deslealmente aprovechadas por los nacionalismos sin llegar nunca a satisfacerlos plenamente [3].
Los ecos del viejo reformismo previos a la Transición: Ruiz-Giménez, Ridruejo y la corriente social-demócrata y Tierno
Tras la Guerra Civil y décadas de dictadura, el hilo del reformismo quedó enterrado, pero no roto del todo. Durante los años del franquismo la oposición se manifestó en ambientes académicos de manera tímida y progresiva, a través de figuras provenientes del falangismo como Pedro Laín, Antonio Tovar o de disidentes más o menos abiertos como Julián Marías o Enrique Tierno que iban reconstruyendo las bases ideológicas del reformismo previo a la Guerra Civil.
Ya en los estertores del franquismo y la Transición emergieron figuras dentro de ese entorno que plantearon alternativas basadas en ese reformismo y regeneracionismo de forma abierta, siguiendo la estela ideológica de Ortega y Azaña. De ese entorno destacan entre todos Joaquín Ruiz-Giménez, Dionisio Ridruejo y el propio Enrique Tierno.
De los tres, el caso más singular fue Dionisio Ridruejo, poeta y antiguo nacionalsindicalista de primera hora que, tras pasar a la oposición al régimen franquista y evolucionar hacia la democracia, propugnó a inicios de los años 70 la creación de una socialdemocracia no marxista en España. Ridruejo fundó la Unión Social Demócrata Española (USDE), pequeña plataforma opositora que representaba un socialismo democrático cercano a los modelos nórdicos y al laborismo británico, en todo caso de corte europeo.
Paradójicamente –y aquí se repite la constante– presentó su proyecto bajo la forma de una “tercera fuerza” centrista: decía buscar un espacio intermedio entre la derecha y el marxismo, “una fuerza intermedia que interprete la herencia liberal hacia la izquierda con espíritu reformista, un socialismo no clasista” [5]. En esencia, Ridruejo abogaba por un ala moderada del socialismo anexada al movimiento obrero, un socialismo burgués ilustrado o socialdemocracia liberal, también caracterizado en lo territorial por la reiteración de una solución “azañista” avanzada en cuanto a las concesiones a los nacionalismos periféricos, particularmente el catalán, asumiendo su entidad como naciones dentro de España, a partir de la consideración de que dicho reconocimiento sería correspondido con la lealtad de buena fe al proyecto común de España.
Si bien sus ideas eran valientes para la época –y él mismo acabó definiéndose claramente como socialdemócrata antes de fallecer en 1975–, la manera de presentarlas como un ente equidistante resultó contraproducente. Muchos en la izquierda desconfiaron de aquel epígono de José Antonio que ahora hablaba de “socialismo moderado”, mientras que la derecha jamás le aceptó por considerarle demasiado izquierdista, por no hablar de su visión de una descentralización que superaba el federalismo y rozaba –como se puede leer en “Escrito en España” [5]-, lo confederal. En el fondo, Ridruejo no logró una base social: su mensaje resultaba demasiado a la izquierda para unos y demasiado intelectualizado para otros, ilustrando de nuevo la dificultad de hacer calar un reformismo acomplejado por el centrismo. Su travesía ideológica –del yugo y las flechas falangista a la rosa socialista– fue admirable en lo personal, pero políticamente mostró que la equidistancia semántica y el exceso de elitismo pueden dejar a un proyecto reformista sin arraigo popular.
Tras la muerte de Ridruejo, la USDE —más una constelación de personalidades cohesionadas por su autoridad moral que una organización partidaria propiamente dicha— se desintegró, y surgieron bajo su influencia diversos grupos social-demócratas no marxistas que actuaron como puente entre el reformismo ilustrado de preguerra y el de la Transición. A pesar de su relevancia intelectual, todos ellos sufrían una insuficiencia orgánica estructural (falta de militancia estable, implantación territorial débil y recursos limitados) que les impidió alcanzar un umbral organizativo crítico para constituirse en alternativa autónoma. Esa fragilidad los empujó a un debate estratégico entre pactar con el PSOE (o el PSOE-h) o integrarse en UCD. Finalmente hicieron ambas cosas: primero convergieron en la UCD —a la que aportaron su capital intelectual reformista avanzado— y, cuando el centrismo suarista inició su giro a la derecha, abandonaron la coalición para integrarse más tarde en el PSOE renovado y en el CDS del propio Suarez, al que nos referiremos extensamente más adelante [6].
Pese a su heterogeneidad —socialismo de cátedra antimarxista, socio-liberalismo[8] reformista o social-reformismo procedente de la disidencia falangista— compartían un mismo núcleo: defensa de los intereses de la clase trabajadora frente al capital, apuesta por el pacto social y la reforma gradual, descentralización como herramienta para el reconocimiento de la diversidad regional, rechazo de la vía insurreccional en favor de la evolutiva. Su orientación gradualista era plenamente coherente con la tradición azañista y orteguiana. En conjunto, este socialismo democrático constituyó la primera formulación consistente de una socialdemocracia marxiana e ilustrada en el franquismo tardío, decisiva para la arquitectura intelectual de la Transición [6].
La causa última de su fracaso como alternativa política independiente está otra vez, como hemos ido viendo en este artículo, en el doble error que ha acompañado históricamente a buena parte del reformismo español y que se ha ido desplegando a lo largo del presente artículo. Por un lado, su apuesta por una España descentralizada de corte federal, que replicaban en la propia estructura interna de sus partidos, reproducía los viejos dilemas del reformismo ilustrado: la convicción de que la diversidad territorial podía integrarse mediante fórmulas pactadas de autogobierno, pero sin advertir que tales modelos, lejos de cohesionar, alimentaban la espiral insaciable de reivindicaciones particularistas que ahondaban en la fragmentación de un modelo deudo del modelo de Estado orteguiano, que se basaba en la lealtad mutua entre las entidades autonómicas y el Estado central[9], lo cual se mostró con toda su crudeza en el proceso autonómico de finales de los 70[10]. Por otro lado, su composición sociológica —una elite de altos funcionarios, profesionales liberales y cuadros administrativos formados en la cultura político-técnica del tardofranquismo— introducía un sesgo elitista que dificultaba gravemente su arraigo social. Esta desconexión entre doctrina y base social explicaría, en última instancia, por qué aquellos socialdemócratas fueron incapaces de consolidarse como opción política dominante en la España de la Transición.
Por su parte, Joaquín Ruiz-Giménez, fundador de “Cuadernos para el dialogo”[11], antiguo ministro de Educación franquista, proveniente del catolicismo político pero también ex falangista como Ridruejo, y que había tratado de implementar durante su mandato en el Ministerio una tímida apertura con la colaboración de este último y de las figuras académicas antes mencionadas, que acabó en un sonoro fracaso tras los disturbios universitarios de 1956, se puso al frente de Izquierda Democrática (ID), creada por su mentor Giménez Fernández, y asumió las principales constantes del reformismo de preguerra: humanismo personalista –que en Ruiz-Giménez evolucionó, por influencias hispanoamericanas, en el llamado “personalismo comunitario”–, Estado social y ética pública laica. Defendió el aconfesionalismo, los derechos ciudadanos y una economía con sentido redistributivo, proponiendo la socialización de sectores clave, una reforma agraria cooperativa y la supresión de privilegios. Estas propuestas enlazaban con el legado regeneracionista de Costa, Ortega y Azaña: educación popular, subordinación de la riqueza al bien común y dignificación de la vida pública desde un reformismo cívico y social [11].
Sin embargo, Izquierda Democrática repitió los dos errores clásicos ya citados del reformismo español. En primer lugar, su apuesta por un modelo federal, confiando en que la descentralización integraría la diversidad territorial. En segundo lugar, la tendencia de parte de su militancia hacia el modelo democristiano europeo, defensor de las posturas neoliberales que ya triunfaban entre las derechas europeas y anglosajonas, que si bien no consiguieron llevar a ID hacia el redil del liberalismo económico –por ser mayoría los defensores de un modelo socialcristiano avanzado, lindante con el socialismo al que no acaban de llegar–, provocó el abandono del proyecto por parte de los primeros y, tras la Transición, muchos de sus miembros restantes acabaron en UCD o el PSOE, disolviendo el proyecto reformista original [11].
Por otra parte, la falta de una línea clara bajo el liderazgo ambiguo de Ruiz-Giménez –al que no le gustaba ejercer un rol director– agravó el conflicto, revelando la imposibilidad de conciliar las distintas corrientes del reformismo de raíz socialcristiana en un solo proyecto político.
El tercer exponente del reformismo español en esta etapa es Enrique Tierno Galván, quien ocupa un lugar de puente entre la generación intelectual republicana y los reformistas de la Transición. Su trayectoria política e intelectual durante la dictadura se caracterizó por una distancia calculada y resistente: un “fingidor forzado” que, sin estridencias, erosionó desde la cultura y la universidad la hegemonía ideológica del franquismo. Tierno, de pensamiento complejo y ajeno al marxismo ortodoxo –su pensamiento se articulaba en torno al funcionalismo–, supo convertir su ambigüedad pragmática en instrumento de acción democrática, reuniendo a su alrededor a progresistas ilustrados y socialistas radicales, capaces de convivir en un proyecto de modernización cultural y política. Su papel en la Junta Democrática de 1974 simbolizó la continuidad de la tradición republicana racionalista y humanista, y su liderazgo como alcalde de Madrid encarnó una suerte de krausismo cívico, donde la ética pública y la reconciliación democrática se sobreponían a las divisiones ideológicas. Aunque nunca alcanzó las más altas magistraturas, Tierno actuó como una figura moral del reformismo, heredero de Azaña y de Besteiro, pero adaptado al tiempo de la monarquía parlamentaria.
El Partido Socialista Popular (PSP) que fundó, con la colaboración decisiva de Raúl Morodo, aspiró a ser un partido neoazañista, una bisagra de centroizquierda laico y democrático entre la UCD y el PSOE. Sin embargo, ese diseño intelectual encontró resistencias dentro de la propia organización: los sectores partidarios del socialismo autogestionario, más vinculados a la tradición obrera y a la izquierda social, veían con recelo la orientación ilustrada y liberal del PSP. Consideraban que el proyecto de Morodo desdibujaba el componente transformador del socialismo en favor de un reformismo elitista y académico. Esta tensión interna entre la corriente neoazañista y la autogestionaria reflejaba, en el fondo, la disputa por el alma del reformismo español: si debía anclarse en la tradición ilustrada del liberalismo progresista o en una democracia social participativa y popular. La fusión con el PSOE en 1978 resolvió la pugna formalmente, pero dejó latente esa fractura ideológica. De hecho, tras la integración, Morodo mantuvo su propósito de construir un centroizquierda reformista, frente al socialismo de aparato, mientras Tierno se consolidaba como referente moral de una izquierda cívica, de raíz humanista y republicana. En conjunto, su experiencia política anticipó los dilemas que posteriormente acompañarían a Suárez en la definición de su propio reformismo: entre el ideal ilustrado y la vocación popular [12].
Suárez y el centrismo reformista de la Transición
Con la llegada efectiva de la democracia, el encargado de pilotar el cambio fue Adolfo Suárez, cuya figura encapsula virtudes y límites del centrismo reformista. Suárez provenía del “franquismo tardío”[12], pero supo reinventarse hábilmente como líder centrista y demócrata tras 1975 [13]. Al fundar la Unión de Centro Democrático (UCD) en 1977, articuló un reparto deliberado del poder entre las diversas “familias” políticas de la UCD –democristianos, liberales, los socialdemócratas antes mencionados, y “azules” reformistas, llamados eufemísticamente “independientes”–, un equilibrio que traslucía su propio pensamiento político. Cada sector mantuvo áreas de influencia definidas: los socialdemócratas dirigieron la política económica para impulsar una economía mixta que armonizase iniciativa privada y regulación pública, con una reforma fiscal con Enrique Fuentes Quintana al mando de la misma –creador del IRPF[13] que gravaba de manera conjunta las rentas del trabajo y del capital con máximos del 65%, que hoy aterrorizarían a los próceres de Sumar–, así como la ordenación territorial y el proceso autonómico; los democristianos asumieron carteras como Educación (a menudo también Justicia) reflejando una visión sociocultural arraigada en valores de humanismo cristiano, y los llamados “reformistas azules” se encargaron de Orden Público y Bienestar Social en reconocimiento a su experiencia de gestión y a la tradición social del falangismo; por su parte, la familia liberal quedó relegada sin áreas claras de poder efectivo[13][14][15].
Este equilibrio de fuerzas se manejó de forma constructiva, de modo que durante la legislatura constituyente inicial los acuerdos transversales diluyeron discrepancias y permitieron que cada familia política lograra éxitos en su ámbito específico. El propio Suárez definía el centro político como “síntesis y no desierto, aproximación y no equidistancia, dinámica y no indefinición”, enfatizando que su centrismo no era una equidistancia vacía, sino una convergencia dinámica y reformista de corrientes moderadas. En esa línea, el pluralismo moderado de su gobierno reflejaba una visión de Estado inspirada en el humanismo cristiano, la justicia social y la defensa de la unidad nacional: un Estado que colocaba a la persona y los valores ético-humanistas cristianos en el centro de la acción pública, que promovía la justicia social mediante un modelo económico mixto con responsabilidad estatal, y que a la vez afirmaba firmemente la unidad de España integrando su diversidad regional.
En la práctica, bajo la bandera centrista de UCD, Suárez implementó numerosas reformas progresistas que habían sido históricas reivindicaciones de la izquierda democrática: legalización de partidos (incluido el comunista) y sindicatos, reconocimiento de derechos y libertades, construcción de un Estado del bienestar embrionario, descentralización autonómica, apertura a Europa, etc. El logro fue enorme: en pocos años España pasó de la dictadura a una democracia pluralista con amplias libertades y reformas sociales, todo ello mediante consenso y sin ruptura violenta. Estas reformas se vieron reforzadas y “aseguradas” políticamente por la aceptación de la vía reformista por parte del PCE de Carrillo y por el empuje sindical de CCOO. El episodio culminante de esta confluencia reformista fue la articulación de los Pactos de la Moncloa, apoyados por el PCE y firmados por CCOO, que consolidaron la estrategia de consenso como vía de cambio democrático [16][17].
Ahora bien, el precio de ese éxito fue cierta ambigüedad ideológica. Siguiendo la estela de Ortega, Suárez envolvió las reformas presentándolas como fruto de un acuerdo técnico y nacional más que como conquistas de la izquierda. Esta calculada ambigüedad sirvió, por un lado, para coser consensos y no espantar a nadie en aquellos años delicados (una táctica comprensible tras una guerra civil), pero por otro supuso un “travestismo semántico”: políticas de evidente raíz progresista se vendían como simples medidas de moderación y equilibrio. La palabra “centro” no se asoció a la definición que daba de ella Suárez, sino a la equidistancia, y operó así como un maquillaje que ocultaba la raíz izquierdista de muchas reformas bajo una capa de asepsia ideológica. Este fenómeno tenía también un trasfondo cultural y elitista: como hemos comentado, muchos reformistas de la Transición –Suárez incluido– provenían del ámbito universitario, y estaban influidos por la mentalidad orteguiana según la cual la democratización debía venir guiada “desde arriba” por minorías ilustradas, evitando los extremos y la polarización. Había cierto paternalismo ilustrado en esa postura: educar al “pueblo” antes que empoderarlo plenamente, conducir el cambio de forma mesurada y sin perder el control de las élites. Suárez, con su carisma personal y talante dialogante, equilibró en parte esa tendencia, pero la retórica centrista persistió como precaución estratégica.
A inicios de los años 80, el desgaste político alcanzó a UCD: la coalición centrista se resquebrajó por luchas internas entre sus distintas almas (desde socialdemócratas hasta democristianos) y por las crecientes tensiones económicas y territoriales, estas últimas ya explicadas anteriormente al referirnos a los reformistas social-demócratas y que fueron determinantes en la intentona golpista del 23-F. Tras dimitir Suárez en 1981, el experimento “centrista” fracasó y la joven democracia se preparaba para un viraje, y a partir de 1982, comienza una etapa en la que el reformismo, lejos de afianzarse como motor de transformación social, inicia su deriva hacia la integración en el sistema dominante.
Socialdemocracia “liberal” vs Neo-azañismo y socioliberalismo: el CDS de Suárez
Adolfo Suárez aún tenía un último capítulo reformista que escribir. Fuera ya del gobierno, decidió fundar en 1982 un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), con la idea explícita de recoger el legado del reformismo republicano en la España democrática [14][15]. Paradójicamente, Suárez presentaba ahora su proyecto como “centro progresista”, pero en el fondo dio un giro notable hacia posiciones socialdemócratas. En el acto fundacional del CDS sorprendió a muchos adoptando un discurso claramente pro-Estado del bienestar y crítico del liberalismo económico que –según él– había terminado por dominar la UCD – y que provocó, entre otras causas, la salida de los socialdemócratas hacía el PSOE-.
Propuso fortalecer las políticas sociales públicas, una política fiscal más progresiva, y la intervención estatal frente a la ortodoxia de mercado, manifestaba serias reticencias a la entrada de España en la OTAN, e incluso llegó a afirmar que el CDS pactaría antes con el PSOE que con la derecha franquista residual [19]. Este Suárez “centro-izquierdista” sacaba a relucir una ética arraigada en un marcado humanismo social y popular de raíz cristiana, que conectaba con aspiraciones de la base ciudadana –Suárez se declaraba partidario del “personalismo comunitario” que ya había atraído a Ruiz-Giménez, como hemos visto al hablar del antiguo ministro de Educación franquista y posterior Defensor del Pueblo con el PSOE–. Prometió, por ejemplo, reducir el servicio militar obligatorio a tres meses como paso previo a abolirlo, para desviar ese gasto a educación, sanidad y empleo juvenil. También se atrevió a denunciar el poder de la gran banca y de los tecnócratas económicos que dictaban políticas de ajuste. En 1986, mientras el gobierno socialista de Felipe González viraba hacia políticas neoliberales (orientadas por el FMI, como criticaba Suárez) y defendía el sí a la OTAN, el CDS no hizo campaña por el sí en el mismo, y lanzó pullas contra las élites financieras (célebremente, Suárez lució la pegatina «Yo también tengo problemas con la banca», aludiendo al boicot crediticio que sufría su joven partido). Suárez llegó a resumir su papel diciendo: “Me enfrenté a los que querían hacer una España para ellos solos, y no una España para todos” [20], presentándose como la voz de un reformismo popular traicionado tanto por la derecha oligárquica como por cierta izquierda oficial acomodada.
Por otro lado, la dimensión humanista del CDS se manifestaba en su defensa de la dignidad de la persona, la solidaridad como principio rector y la construcción de una España unida por la justicia social, más allá de los enfrentamientos ideológicos heredados del pasado. En conjunto, el CDS ofrecía una alternativa de izquierda moderada, popular y ética. Era, en el fondo, un eco del viejo ideal regeneracionista: España para todos, sin privilegios de castas. Un modelo con resonancias del republicanismo de Azaña o del liberalismo igualitario de Melquíades Álvarez en aquel discurso de Suárez.
El CDS de Suárez, en su afán por dotarse de identidad ideológica, no ocultó esas influencias históricas. Para dar coherencia doctrinal al partido, incorporó a figuras procedentes de la izquierda republicana. En esto fue clave –otra vez– Raúl Morodo, que se convirtió en principal ideólogo del suarismo tardío. Morodo aportó un marcado giro programático hacia el centro-izquierda laico y, sobre todo, un relato histórico-intelectual: conectó explícitamente el proyecto de Suárez con la tradición del reformismo español de comienzos del siglo XX. Bajo su influencia, el CDS reclamó la herencia de los “liberales progresistas” de la República y la generación de 1914 –los Azaña, Ortega, Melquíades Álvarez, Joaquín Costa…– que habían buscado modernizar España desde un centro-izquierda europeísta. Morodo llegó a articular la idea de un “neo-azañismo” como pilar del CDS –que ya había intentado antes en el PSP–: la actualización en democracia del regeneracionismo laico y social de Azaña. No faltaron incluso gestos retóricos provocativos, como proclamar que “si Azaña viviera, militaría en el CDS” [12], con el fin de presentar al partido centrista como legítimo heredero de la tradición reformista de izquierdas[14].
Este intento por revestir el reformismo de Suárez con los ropajes históricos de la izquierda republicana tuvo efectos ambivalentes. Por un lado, otorgó al CDS una coherencia doctrinal y una profundidad histórica de las que la UCD había carecido: frente al centrismo amorfo y táctico de esta última, el nuevo partido se veía a sí mismo como heredero de una tradición intelectual y moral bien definida, la del liberalismo igualitario de la Segunda República. Sin embargo, ese esfuerzo también imprimió al proyecto un tinte elitista y pedagógico que lo distanció del votante medio. Azaña, a quien Morodo situaba como inspiración fundacional, fue en su tiempo criticado por ejercer un liderazgo excesivamente intelectualizado, confiando en orientar al pueblo más que en integrarse en él, y ese riesgo se trasladó parcialmente al CDS. Su discurso, cargado de referencias históricas y de guiños cultos, halló eco en los círculos académicos y universitarios, pero apenas conectó con las masas populares. Morodo encarnaba ese neo-azañismo de impronta ilustrada que concebía la política como un ejercicio racional de minorías esclarecidas, una suerte de despotismo ilustrado donde el liderazgo se fundamentaba más en la pedagogía moral que en la participación popular [12]. Suárez aportaba al CDS su carisma popular y su humanismo cristiano de raíz social, pero la impronta de Morodo introdujo un sesgo tecnocrático que terminó por alejar el discurso del terreno de la socialdemocracia popular hacia un socioliberalismo elitista. Esa divergencia, entre la visión social de Suárez y el racionalismo liberal de Morodo, explica en parte por qué el CDS, pese a su éxito puntual de 1986 [21], no logró consolidarse como un partido de masas: para unos resultaba demasiado izquierdista; para otros, excesivamente ambiguo o elitista [22].
En este sentido es importante subrayar, frente a las lecturas simplificadoras que han circulado recientemente, que el declive del CDS no se produjo por un supuesto “giro a la izquierda” [23]. La evidencia histórica disponible apunta en sentido contrario. Los estudios de Díez Miguel [12], Quirosa-Cheyrouze [21] y Cámara Villar [15] demuestran que la etapa en la que el partido se autodefine con mayor claridad como fuerza reformista de centro-izquierda coincide precisamente con su periodo de mayor crecimiento electoral y de mayor centralidad política. Las elecciones de 1986, con 19 diputados y una implantación territorial sólida, certifican que ese perfil reformista constituía el principal activo político del suarismo.
Como hemos explicado, es precisamente la deriva “elitista liberal-ilustrada”, con el ingreso en la Internacional Liberal primero, y los pactos con el PP después, las que diluyeron la identidad reformista del proyecto de Suárez y lo desplazaron hacia un espacio político ya ocupado por un PP en expansión [24]. La propia dirección del CDS reconoció las consecuencias negativas de ese giro: Eduardo Punset admitió públicamente que los acuerdos con Fraga precipitaron el desgaste electoral de 1989 [21].
Como consecuencia de todo lo anterior, hacia finales de los ochenta, el espacio del centro reformista se había agotado [25]: la mayoría social se inclinaba por un PSOE que canalizaba el deseo de cambio, mientras la derecha se reaglutinaba en torno al nuevo Partido Popular.
La neolengua se impone: el “centrismo” y el “reformismo” como sinónimos del consenso neoliberal. El PSOE y la “Tercera Vía”
Mientras el CDS languidecía a lo largo de los últimos 80 y primeros 90, el discurso dominante asimiló “reformas” a las políticas de liberalización económica que exigía la integración en Europa y la globalización neoliberal. El PSOE, que inicialmente representaba un cambio socialista, consolidó su poder tras 1986 abrazando el socioliberalismo europeo de la mano de Boyer, Solbes y Solchaga, privatizando empresas públicas, flexibilizando el mercado laboral y adoptando las directrices del FMI. El resultado fue un crecimiento económico con aumento de desigualdades y corrupción, percibido por muchos como una traición a los principios igualitarios de la izquierda[15]. Paradójicamente, Adolfo Suárez —ya retirado— observaría cómo Felipe González aplicaba aquello contra lo que él mismo había alertado: “los socialistas han seguido una política orientada por el FMI, aumentando sustancialmente los beneficios de la banca”, criticaba en 1986.
La llamada “Tercera Vía”, que en los años noventa se presentó como una superación de la vieja dicotomía entre izquierda y derecha, no fue en realidad sino la culminación de ese giro socioliberal. Bajo un discurso de modernización y pragmatismo, los gobiernos de Blair o Schröder —y como se ha dicho, el PSOE de Felipe González— consagraron el tránsito del reformismo social al reformismo de mercado: sustituyeron la igualdad sustantiva por la “igualdad de oportunidades” y la justicia redistributiva por la eficiencia económica. En España, esto supuso la plena asimilación del lenguaje neoliberal dentro del campo progresista, completando el vaciado de contenido de las palabras “progresismo” y “reformismo”. Lo que antaño designaba un impulso hacia la emancipación social pasó a ser el nombre de un consenso tecnocrático donde la política se subordinaba a la economía. Así, la tercera vía no reformó el capitalismo, sino que reformateó a la izquierda para hacerla más digerible, convirtiendo el ideal reformista en una marca de gestión antes que en un proyecto de transformación.
Al mismo tiempo, la derecha, bajo Aznar, se proclamó “centro reformista” y, tras llegar al poder en 1996, profundizó en las liberalizaciones económicas bajo ese eslogan. En ambos casos, la palabra “reforma” había sido despojada de su sentido original: de instrumento de igualdad y progreso se convirtió en sinónimo de flexibilización y mercado. Aquello que nació como ideal emancipador terminó convertido en consigna tecnocrática.
La propia expresión “centro reformista” se convirtió en un oxímoron: evocaba una tradición socialdemócrata —de raigambre marxiana (que no marxista) y adaptada al contexto español—, pero ocultaba su genealogía bajo un rótulo pretendidamente neutro. Cuando el “reformismo” pasó a significar principalmente ajustes de libre mercado, recortes y “modernizaciones” dictadas por tecnócratas, perdió su connotación original de progreso social. A finales del siglo XX, en el imaginario de muchos españoles, “reformas” eran las laborales que precarizaban el empleo o las fiscales que beneficiaban a las rentas altas. Esta deriva generó desencanto y cinismo. No es casual que Losantos, en su incisiva crítica al centrismo vacío [20], señalara que ciertos políticos liberales —y citaba incluso a socialistas como Tierno Galván— comparten “el desprecio por la capacidad de la ciudadanía para entender las ideas políticas” [27], reduciendo la política a propaganda tecnocrática. Esa actitud condescendiente, sino directamente desdeñosa hacia sus potenciales votantes, reflejaba un elitismo transversal (de liberales “ilustrados” y social-liberales acomodaticios) que terminó por recelar de cualquier reforma profunda impulsada por la gente común.
La persistencia en el error: UPyD, Cs, y el colapso del reformismo liberal. “España Mejor” como último avatar del “travestismo semántico”
A pesar de todo lo anterior, en los últimos veinte años se generaron otros dos proyectos enfocados en ese reformismo liberal y elitista, de “centro” y “reformista”, que acabaron teniendo el mismo fin que sus predecesores.
Unión Progreso y Democracia (UPyD) surgió en 2007 presentándose como una alternativa de reformismo jacobino: se reclamaba un partido progresista y “transversal” enfocado en la defensa de un Estado fuerte y unitario, el laicismo del Estado y la igualdad cívica de todos los españoles. Desde su fundación abanderó la regeneración democrática y la oposición a los nacionalismos periféricos, reivindicando la unidad de España como “instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos”. Este énfasis en la ciudadanía igualitaria (sin privilegios territoriales, lingüísticos o religiosos) fue acompañado de propuestas como convertir España en un Estado estrictamente laico, separando Iglesia y Estado.
Sin embargo, UPyD combinó aquel centralismo cívico con la orientación socioliberal y tecnocrática. De hecho, la propia Rosa Díez sostuvo que el social liberalismo –apoyo al libre mercado con intervenciones estatales limitadas– era la doctrina que mejor definía a UPyD. De nuevo la asunción del socioliberalismo acabó diluyendo su perfil transformador y alejándolo de una agenda social verdaderamente igualitaria. En la práctica, antepuso una gestión técnica moderada a las políticas de redistribución profundas, repitiendo la deriva que ya en los años 80-90 había vaciado de contenido el ideal de reforma progresista (liberalizaciones económicas que trajeron crecimiento con desigualdad, vistas como una traición a los principios igualitarios de la izquierda). Por ello, su ambigüedad ideológica dificultó consolidar apoyos populares: UPyD “jugaba constantemente con la idea de ser un tercer partido ajeno al eje izquierda-derecha”, lo que le dio un perfil difuso que ni las clases trabajadoras ni otros votantes lograron identificar con una agenda de cambio social clara. Finalmente, las causas políticas, ideológicas y estratégicas de su declive se evidenciaron pronto.
La irrupción de Ciudadanos (Cs) –una fuerza de discurso regenerador similar– terminó por eclipsar a UPyD en las europeas de 2014. En suma, la combinación de un ideario difuso, una línea socioliberal poco rupturista y la pérdida de iniciativa frente a un competidor más dinámico y conectado con el electorado (Cs) explica el rápido declive de UPyD como experimento de reformismo en España.
Ciudadanos (Cs), fundado en 2006 por disidentes socialdemócratas del PSC asqueados del nacionalismo sin ambages de Maragall, y catapultado a la política nacional una década después, se había definido inicialmente como una formación socialdemócrata, pretendiendo ocupar el espacio de ese centro reformista que históricamente intentaron figuras como Suárez o Ridruejo. Albert Rivera, su líder, insistía en no ser ni de izquierdas ni de derechas, presentando a Cs como la nueva política moderna y reformista frente al viejo bipartidismo PP-PSOE [28].
Sin embargo, en la práctica Cs fue virando rápidamente hacia postulados de derecha con propuestas económicas ortodoxas de mercado. La operación semántica de Rivera recordaba a la de Suárez con el CDS: reclamar el prestigio de lo progresista sin aliarse con la izquierda, e incluso oponiéndose a ella. De hecho, igual que Suárez ingresó el CDS en la Internacional Liberal y Progresista en 1988, Rivera llevó a Ciudadanos al grupo liberal europeo (ALDE) para subrayar su supuesto compromiso con un liberalismo progresista. Pero, al igual que ocurriera décadas atrás, la ambigüedad terminó pasándole factura.
Ciudadanos quiso ser percibido como lo nuevo, lo moderno, lo reformista –una suerte de tercera España por encima de izquierdas y derechas– pero su práctica política mostraba un partido escorado a la derecha en temas clave (liberalismo económico duro, pactos con la derecha nacionalista española). Al final, muchos de sus votantes centristas se sintieron traicionados al ver la distancia entre la retórica y los hechos, y los apoyos a Cs se desvanecieron. Entre 2021 y 2023, Ciudadanos prácticamente se extinguió electoralmente [29], confirmando que el travestismo semántico puede dar réditos a corto plazo, pero confunde y decepciona al electorado a largo plazo. Si todo es centro liberal progresista, entonces nada lo es en realidad –el significado se vacía por completo–.
Sin embargo, aun sabiendo esto, hoy día, años después del último fracaso “centrista”, surgen voces supuestamente autorizadas en el mundo académico de la izquierda ilustrada que, bajo un ropaje reformista, y dentro de los nuevos partidos de izquierda, reproducen las viejas lógicas del socioliberalismo: asumen el dogma de la eficiencia del mercado, defienden una gestión pública subordinada a la lógica de externalización y legitiman una visión tecnocrática del Estado que evita cualquier confrontación con las estructuras de poder económico. Pero estas recetas no solo vacían de contenido el reformismo, sino que se revelan inoperantes: como ha evidenciado recientemente la CNMC, muchos de esos mecanismos de subcontratación encarecen el gasto público en lugar de optimizarlo [30]. Esto es, usar “progresismo” y “reforma” como legitimación de políticas liberales en lo económico y por tanto de derecha.[16]
En esta misma línea, pero despojado totalmente de un camuflaje “centro-izquierdista”, es especialmente revelador el proyecto España Mejor [31], dirigido por Miriam González —figura estrechamente vinculada al entorno liberal anglosajón y a la cultura política de la gobernanza tecnocrática británica—, que constituye un ejemplo paradigmático de ese “centrismo” que pretende revestirse de reformismo cuando en realidad reproduce, con impecable pulcritud gerencial, los postulados clásicos de la derecha económica. Bajo una retórica amable de modernización, despolarización y buena gestión, el documento programático despliega una agenda plenamente coherente con la ortodoxia neoliberal: recentralización tecnocrática, organismos “independientes” para decisiones estratégicas, prioridad del mercado en la provisión de bienes esenciales, desplazamiento del Estado hacia funciones meramente facilitadoras, incentivos reforzados al sector privado y un modelo gerencial de administración pública “eficiente”.
Particularmente significativa es su propuesta de reequilibrar la fiscalidad desplazando el peso desde los impuestos directos —instrumentos clásicos de redistribución progresiva— hacia figuras indirectas, que recaen proporcionalmente más sobre las clases trabajadoras, consolidando así una arquitectura tributaria regresiva funcional a los intereses económicos dominantes. Todo ello envuelto en un vocabulario que invoca colaboración, moderación y un supuesto pragmatismo desideologizado, pero cuyo horizonte material resulta inequívoco: un Estado mínimo, externalizado y subordinado a la lógica empresarial. Se trata, en definitiva, de una sofisticada operación de travestismo semántico: presentar como “progreso”, “reforma” o “política para la mayoría” un paquete de medidas que no solo queda fuera del reformismo igualitario, sino que prolonga la larga tradición socioliberal “travestida”.
La Historia dicta sentencia
La experiencia de más de un siglo lleva a una conclusión irrefutable: cada vez que el reformismo español ha intentado presentarse como un proyecto de centro neutral o gestión técnica sin ideología, y a coquetear con el liberalismo económico “con una sonrisa” –esto es, el socioliberalismo– ha terminado perdiendo empuje transformador, base social y coherencia doctrinal. Desde las ambigüedades del regeneracionismo decimonónico hasta las tentativas centristas más recientes, el intento de conciliar justicia social con acomodación al statu quo ha llevado a un discurso desdibujado y, a menudo, a la claudicación política.
Esa deriva socioliberal y tecnocrática, revestida de modernidad, ha acabado por vaciar a la izquierda de contenido popular y moral. Lo advirtió recientemente Sahra Wagenknecht[17], al denunciar a esa “izquierda elitista” que ha sustituido la lucha por la igualdad material por el culto a los estilos de vida y al reconocimiento simbólico. Es la izquierda del confort académico, culturalmente cosmopolita pero socialmente aislada, más preocupada por la pureza moral que por la justicia económica. Su discurso, aunque se adorne de causas nobles, ha perdido contacto con el trabajo, con la vida cotidiana y con las necesidades reales de la mayoría [32].
En el fondo, lo que Wagenknecht diagnostica es la actualización posmoderna de una vieja tentación de los reformistas ilustrados de las primeras décadas del siglo XX: la idea de que la política no es representación de una mayoría social, sino magisterio de minorías. Eugenio D’Ors[18], máximo exponente de ese pensamiento ilustrado reaccionario y elitista llevado al extremo, la formuló sin ambages al hablar de “política como misión” [33] —educar, seleccionar y mandar en nombre de un fin superior—, asociada, eso sí, a la idea fuerte de coherencia ética del dirigente, porque la política como misión supone servicio a un fin superior -el bien común-, no gestión de intereses privados. El político no es un gestor de ventajas sino alguien obligado por un deber.
En ese sentido mínimo, ambos, Wagenknecht y D’Ors, comparten que la política requiere algo más que retórica: requiere autoridad moral. Pero a partir de ahí llega el desacuerdo de fondo: para D’Ors, y por ende para los elitistas ilustrados, la legitimidad no depende de representar a la mayoría ni de compartir su vida material, sino de cumplir una misión cultural objetiva, aunque sea desde arriba y con distancia social -Ortega había desarrollado ese concepto en “La rebelión de las masas” y “La España invertebrada”, aunque su concepto de elite difiere esencialmente del del pensador catalán, por cuanto las elites orteguianas compiten por el voto de la ciudadanía en un sistema político democrático-.
Pero cuando la elite reformista cae en esa deriva d’orsiana – y lo ha hecho sistemáticamente en el último siglo y cuarto-, se piensa a sí misma como misión cultural y no como pueblo organizado, termina convertida en élite moralizante, en una misión ilustrada de minorías sin base popular, abriendo la puerta a una izquierda que cree que la superioridad cultural y la eficiencia tecnocrática sustituye a la representación social, y que de facto, impugna la concepción democrática del poder y de la sociedad. Esto es, exactamente la deriva socioliberal que venimos describiendo.
Esta desconexión con la realidad social inhabilita a esa elite como representantes políticos de la citada mayoría, porque la transformación social requiere convicción, pero también coherencia: no basta con denunciar los privilegios, hay que renunciar a ellos. La política que aspire a la igualdad no puede ejercerse desde la distancia de quienes viven protegidos de sus consecuencias. Solo recuperando esa autenticidad —esa disposición a compartir riesgos y pérdidas— podrá la izquierda volver a ser creíble para la mayoría social a la que dice defender.
Y es que la falacia de presentar como progreso la simple administración de la desigualdad, o como reforma el desmontaje del Estado social, es repetir el error histórico de anteponer la gobernabilidad al ideal transformador. Este tipo de discurso renuncia al objetivo fundamental del reformismo: redistribuir poder, corregir injusticias y fortalecer lo común. Lejos de fidelizar ciudadanía, tales concesiones ideológicas acaban provocando desafección y alimentando el desencanto democrático. En España, hemos visto ese fenómeno repetirse desde Ortega a Suárez, desde Ridruejo hasta experimentos más recientes (como Ciudadanos en la última década).
Al final, la lección de la Historia es que el auténtico reformismo –a diferencia del gatopardismo[19]socioliberal y federalista– solo puede sobrevivir si abraza sin complejos su carácter de izquierda democrática, con una visión integral y humanista de la política, que vuelva a hablar el lenguaje del empleo, del esfuerzo y de la justicia fiscal, y que sea capaz de representar a quienes producen, no solo a quienes opinan.
Hacia una definición contemporánea del reformismo: lo que aprendimos de un siglo de historia
Llegados a este punto, después de recorrer más de un siglo de ensayos reformistas fallidos, tensiones irresueltas y apropiaciones interesadas —desde el regeneracionismo de Costa y la modernización orteguiana hasta el liberalismo social de Azaña, el reformismo centrista de Suárez y su posterior deformación socioliberal—, es posible extraer las constantes históricas que permiten delimitar qué puede significar reformismo en el siglo XXI, como conclusión lógica de todo el itinerario previo: aquello que el reformismo fue cuando tuvo fuerza transformadora y aquello que dejó de ser en sus sucesivas capitulaciones. La experiencia acumulada permite hoy fijar un marco conceptual claro entendido como síntesis contemporánea —normativa y política— de las lecciones dejadas por la propia historia del reformismo, que pasamos a describir.
El reformismo como mecanismo para la construcción de una sociedad justa parte de una antropología de la dignidad humana en la que confluyen distintas tradiciones -desde el legado cívico-republicano hasta las corrientes éticas deudoras del humanismo cristiano-, que reconoce la igualdad, la libertad y la integridad como valores intangibles. La comunidad política sirve a esa vocación personal y social del ser humano, que no es un individuo aislado como plantea el dogma liberal-individualista, sino miembro de una sociedad civil viva, articulada en cuerpos intermedios de distinta naturaleza —político-administrativos, sociales o profesionales—.
Desde esta visión humanista y plenamente neutral en el ámbito de las creencias -sin que esto signifique indiferencia moral-, el Estado garantiza el bien común, protege las libertades efectivas -en especial la de conciencia- obtenidas por el ser humano en los sistemas democráticos, y coordina la pluralidad social. El Estado reformista no es una autoridad opresiva ni una burocracia neutra, sino una instancia pública al servicio de un proyecto nacional compartido. En este marco, la nación no es etnia ni lengua, ni hay ninguna ensoñación identitaria tras ella, sino una empresa cívica —un “proyecto sugestivo de vida en común”, en expresión orteguiana— cuya unidad se justifica por una misión histórica y democrática común.
Pero las libertades efectivas, para ser reales, no pueden quedarse en una declaración formal: necesitan condiciones materiales que la hagan posible. Una democracia auténtica no se limita al voto o a la ley, sino que debe extender su control al ámbito económico, evitando que los poderes del dinero o la técnica sustituyan la soberanía del ciudadano. La emancipación humana exige que la economía esté al servicio de las personas, y no al revés, porque como afirma Ridruejo en “Escrito en España”, “[..] la democracia no puede seguir sosteniendo la idea de Estado, […] , autolimitado a favor de la autonomía individual, mientras siga manteniendo en el ámbito de la autonomía individual el poder económico, porque o se renuncia al industrialismo o esa autonomía será exclusivamente de los empresarios, cuyo poder social implica la deficiente autonomía o servidumbre de los dependientes […][5]”
En esta concepción, el trabajo ocupa un lugar central como función humana digna, no como mercancía[20]. Debe situarse en el corazón de la vida económica, con primacía sobre el capital como instrumento. De esta manera se supera la lógica del capitalismo extractivo que concentra poder económico en manos financieras y alimenta una proletarización precaria[21].
En el planteamiento reformista, por tanto, el Estado social ha de ir más allá del asistencialismo: tiene la obligación de garantizar el derecho al trabajo digno y de intervenir mediante una palanca pública eficaz —no solo a través de regulaciones y normativas, que se han demostrado insuficientes por sí mismas, sino también con inversión pública asociada a la titularidad parcial o total[22]— en sectores estratégicos como la educación, la sanidad, la vivienda, la energía, el sector primario, las telecomunicaciones, el transporte por ferrocarril, la banca, el agua, el complejo militar-industrial, la microelectrónica o la industria farmacéutica.
De ahí una economía mixta, con dos “patas”: una es una estructura de propiedad de los medios de producción en la que convivan armoniosamente propiedad privada, estatal y formas de economía social como la cooperativa, o incluso, previa reforma de los sindicatos, la intermediación de estos como fideicomisos de la participación de los trabajadores en la propiedad y gestión democrática de las empresas[23] – esta última, propuesta del autor de estas líneas-, todas ellas sometidas a la máxima de que el bien común limita el derecho de propiedad: ningún modelo es legítimo si desconoce la primacía de la persona sobre las cosas.
La segunda “pata” es un sistema fiscal basado en la progresividad y en un reforzamiento de las figuras asociadas a la imposición directa -fundamentalmente en la parte correspondiente a las rentas del capital-, reduciendo sustancialmente las propias de la imposición indirecta -impuestos al consumo, tasas, etc… -.[24].
Con ello, el reformismo, al prolongar la mejor herencia del liberalismo clásico, busca realizar su promesa inconclusa: hacer que la libertad no sea privilegio, sino posibilidad universal. Solo la solidaridad organizada, el acceso común a la cultura y una protección efectiva frente a la miseria, la enfermedad o la ignorancia pueden convertir la sociedad de individuos en una comunidad de ciudadanos libres y responsables.
En síntesis, el reformismo supone una renovación estructural del sistema político-económico, asentada en una ética del servicio, democracia participativa y dignidad humana, asociadas a un patriotismo cívico que no es una pasión identitaria excluyente, sino adhesión crítica y activa a un proyecto común de justicia social, solidaridad intergeneracional y dignidad compartida. Frente a la disgregación de los particularismos, el reformismo tiene por misión reconstruir un Estado integrador, una “unidad de decisión, de redistribución y de justicia en común”, capaz de armonizar libertad y autoridad, individuo y comunidad, devolviendo contenido a la democracia y sustancia al bienestar, asegurando una vía de solidaridad y de justicia para todos.[25]
Esta concepción constituye el fundamento de cualquier política verdaderamente transformadora en el presente. Después de un largo siglo de intentos frustrados —desde el regeneracionismo decimonónico hasta el socioliberalismo reciente—, el sentido profundo del reformismo reaparece hoy en quienes buscan reconciliar justicia social, Estado fuerte y nación cívica. Esa tarea, que otros formularon en teoría, ha encontrado por fin en la práctica una encarnación política coherente: Izquierda Española, como veremos en las siguientes líneas.
¿Y si todavía es posible?: Izquierda Española en la encrucijada
Cuando el reformismo parecía haber agotado su sentido histórico —desdibujado por el socioliberalismo, vaciado por el tecnocratismo y traicionado por los particularismos identitarios, tanto territoriales como culturales—, una nueva generación de pensadores y militantes ha decidido recomenzar desde las ruinas. Asumiendo las lecciones de más de un siglo de fracasos y desvíos, este epílogo expresa ese “a pesar de todo”: la convicción de que el reformismo, lejos de ser un ideal perdido, puede renacer si vuelve a sus fundamentos igualitarios, republicanos y cívicos. Porque, cuando todo parecía desmentir su vigencia, la historia vuelve a ofrecernos la oportunidad de intentarlo de nuevo.
La crisis de 2008, los recortes y la gestión neoliberal de la izquierda institucional desataron un profundo desencanto social. El independentismo catalán y el populismo de nuevo cuño (Podemos) por una parte y el “liberalismo amable” de Ciudadanos revelaron las dos derivas del progresismo: el identitarismo disgregador y el tecnocratismo socioliberal -y luego puramente liberal-. Autores como Félix Ovejero, Luis Rodríguez Abascal y Guillermo del Valle denunciaron esa doble traición identitaria y socioliberal, por la cual la izquierda asumió como suyos tanto la insolidaridad territorial y el populismo identitario como el dogma del mercado con la renuncia a la justicia material [35][36][37][38]. Propusieron rescatar el papel activo del Estado, la planificación económica, la fiscalidad redistributiva y la defensa del trabajo digno como ejes del reformismo auténtico. Asimismo, alertaron del peligro del nacionalismo, que rompe la igualdad del demos y erosiona la comunidad de justicia. Reivindican, por tanto, un republicanismo igualitario y centralista, defensor del Estado social, la soberanía democrática y la unidad cívica de la nación como condiciones inseparables del proyecto emancipador de la izquierda [35][36].
Ovejero y Del Valle plantean la necesidad de recuperar una socialdemocracia con contenido: intervención pública en sectores estratégicos, impuestos progresivos, renta básica y pleno empleo garantizado [38]. Por su parte, Rodríguez Abascal advierte que el “derecho a decidir” no puede ser un principio democrático sin definir primero quién constituye la comunidad soberana [35]. En conjunto, estos autores reivindican un republicanismo igualitario y jacobino, defensor del Estado social, la soberanía democrática y la unidad cívica de la nación como condiciones inseparables del proyecto emancipador de la izquierda [37][39].
A raíz de estas reflexiones, Izquierda Española (IzqEsp) surge en 2023 como heredera del reformismo histórico, pero sin ambigüedad centrista [40][41]. Retoma la tradición socialista desde un punto de vista unitario, defendiendo un Estado fuerte, la igualdad económica y territorial de los trabajadores, y el patriotismo cívico.
A diferencia de los experimentos anteriores, IzqEsp evita conscientemente los dos errores que arruinaron el reformismo español: por un lado, la deriva socioliberal y elitista, que subordinó la política a la tecnocracia y desoyó a las clases trabajadoras; y por otro, la cesión al nacionalismo disgregador, que fracturó la igualdad entre ciudadanos en nombre de identidades territoriales.
Frente a ello, IzqEsp recupera un reformismo de base popular y racional, anclado en la igualdad material y la cohesión nacional. En lo socioeconómico propone empleo garantizado, banca pública, energía estatal, fiscalidad progresiva -con tributación de las rentas del capital por tramos equivalentes a los de las rentas del trabajo- y expansión del Estado del bienestar, retomando el espíritu del socialismo democrático clásico [41]. En lo territorial plantea superar el modelo autonómico mediante una armonización jacobina que elimine privilegios y asegure derechos iguales en todo el país, corrigiendo el desequilibrio confederal del actual Estado autonómico [41].
Además, IzqEsp se distancia tanto del neoliberalismo y de su versión edulcorada socioliberal, como de los populismos identitarios colindantes con el autoritarismo tanto de izquierda como de derecha, defendiendo una izquierda racionalista, universalista y republicana. Su programa de 33 puntos expresa un reformismo sin complejos, que busca culminar la tarea histórica: una España unida, justa y democrática al servicio de la mayoría social [40][41].
En suma, Izquierda Española representa la respuesta aprendida del reformismo tras sus viejos extravíos: ni tecnocracia ni fragmentación, sino la reconstrucción del proyecto igualitario que, desde hace casi siglo y medio, soñó con una nación libre y solidaria.
Conclusiones
La historia cronológica del reformismo en España (1898-2025) muestra un claro hilo conductor: el anhelo de transformar España desde la moderación progresista, evitando tanto los inmovilismos oligárquicos como las rupturas revolucionarias. Este reformismo, nacido del trauma del 98, produjo grandes intelectuales y políticos –de Costa a Azaña, de Ortega a Suárez– que en distintos contextos ensayaron la difícil fórmula de un país libre, justo y plural. Sus éxitos han sido notables: la extensión de la educación y la secularización del Estado, la construcción de un Estado de bienestar (aunque incompleto), la convivencia de las identidades regionales bajo un mismo techo constitucional, la consolidación de una democracia donde antes hubo dictadura. Pero también han conocido fracasos y traiciones: el espíritu federativo y/o autonomista y fraternal que Ortega o Azaña imaginaron se vio truncado por particularismos insaciables; la utopía de un movimiento regenerador quedó siempre cooptada por élites que redujeron la política a mera gestión tecnocrática, sin tocar la “infraestructura” -hablando en términos marxianos-, frustrando las esperanzas populares de justicia social.
La crítica a los “errores descentralizadores y socioliberales” del pasado reciente, emprendida por pensadores de la nueva generación, indica que la izquierda española está en proceso de aprendizaje histórico. Tras comprobar que ni el nacionalismo fragmentario ni el neoliberalismo globalizante eran caminos leales a sus ideales, esta izquierda renovada aboga por retomar la senda abandonada: la de un patriotismo igualitario garantizado por un Estado democrático fuerte al servicio de las mayorías, la de una ciudadanía unida en derechos sociales y libertades civiles. En ese sentido, más de un siglo después del 98, el reformismo en España parece cerrar un ciclo y abrir otro. Vuelve a mirar a sus orígenes para proyectarse al futuro: del “Escuela y despensa” de Costa al “bien común y justicia social” de Guillermo Del Valle hay una línea de continuidad innegable. Es la persistencia de la fe en que España puede reformarse –una y otra vez– para acercarse a un ideal de libertad, igualdad y fraternidad, nunca plenamente realizado, pero siempre aspirado a lo largo de un siglo largo de combate intelectual y político por una España mejor.
Queda por ver si esta vez la historia concederá al reformismo jacobino e igualitario de Izquierda Española la oportunidad de cuajar sin nuevas renuncias y traiciones inducidas por los cantos de sirena que se escuchan desde las orillas del establishment socioliberal –en sus vertientes académica, política, cultural y económica– y federalizante. De lo contrario, recaer en el mismo error en la situación límite en el que nos encontramos –económica, social, política y geopolítica– abriría la puerta de nuevo a escenarios impredecibles.
Referencias bibliográficas
[1] Calvo, M. (2014, marzo 31). La resurrección del centro. El País. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2014/03/31/opinion/1396265066_366112.html
[2] Simón Segura, F. (1984). La desamortización española del siglo XIX. Papeles de Economía Española, (20), 74–107. FUNCAS. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PEE/020art07.pdf
[3] García, J. B. (2022). Ortega y Gasset y la Segunda República: El pensamiento político del gran filósofo español. Editorial Erasmus.
[4] Bagur Taltavull, J. (2015). La Liga de Educación Política Española como instrumento de nación: desde la autonomía hasta la reconversión y el fracaso (1913–1916). Tales. Revista de Filosofía, 5, 139–156. https://asociaciontales.files.wordpress.com/2015/02/revistatales515-139-156.pdf
[5] Ridruejo, D. (1959). Escrito en España. Seix Barral.
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[10] Laín Entralgo, P. (1996, 25 de julio). Carta a Jordi Pujol. El País. https://elpais.com/diario/1996/07/25/opinion/838245607_850215.html
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[32] Wagenknecht, S. (2024). Los engreídos: Mi contraprograma en favor del civismo y de la cohesión social (C. García Hernández, Trad.). Lola Books.
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[35] Rodríguez Abascal, L. (2000). Las fronteras del nacionalismo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Recuperado de: https://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/las-fronteras-del-nacionalismo
[36] Ovejero, F. (2016). La seducción de la frontera: Nacionalismo e izquierda reaccionaria. Barcelona: Montesinos.
[37] Ovejero, F. (2018). La deriva reaccionaria de la izquierda. Barcelona: Página Indómita.
[38] Del Valle, G. (2023). La izquierda traicionada. Editorial Deusto.
[39] Del Valle, G. (2024, enero 30). El nacionalismo es una gran estafa – Entrevista en Zenda (Jesús F. Úbeda, Entrevistador). (Declaraciones de G. del Valle sobre la deriva identitaria y la unidad republicana).
[40]El Independiente. (s.f.). Izquierda Española. Recuperado de: https://izqesp.es/
[41] Partido Izquierda Española. (2025). Documento político: 33 puntos. Izquierda Española.
Notas a pie de página
[1] Reconocimiento del marxismo como método analítico, no como solución política
[2] Manuel Giménez Fernández (1896–1968) fue un jurista y político sevillano, ministro de Agricultura en la Segunda República. Desde el sector reformista de la CEDA impulsó una profunda reforma agraria basada en la justicia social y la doctrina social cristiana. Intelectual crítico con el franquismo, es recordado como uno de los pioneros del socialcristianismo democrático en España.
[3] En términos de la clasificación ideológica que planteó Gustavo Bueno, hablaríamos de socialismos de izquierda -socialdemocracia, producto de la 2º Internacional, con Kaustky como referente- o socialismos de derecha – democracia cristiana “avanzada”, resultado de la Doctrina Social de la Iglesia, y derecha “bienestarista”, con León XIII y Bismarck como epònimos respectivos-.
[4] Las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) no supusieron una reforma agraria social: las subastas exigían liquidez y se organizaron en lotes que favorecieron a quienes ya disponían de capital. Por ello, la mayor parte de las compras recayó en burgueses urbanos, rentistas y grandes propietarios agrarios —a menudo ya acomodados—, mientras que la participación campesina fue reducida y desigual según regiones. El resultado general fue la consolidación o ampliación de patrimonios preexistentes y, en las áreas latifundistas, el refuerzo de la concentración de la tierra y de las desigualdades rurales [2].
[5] En la Restauración, el voto quedó inicialmente restringido por el sufragio censitario restablecido en la Ley electoral de 28 de diciembre de 1878, que vinculaba el derecho a voto a umbrales de contribución y, de hecho, limitaba la representación política a una minoría de propietarios y contribuyentes. Este marco se reemplazó legalmente por el sufragio universal masculino mediante la ley de 26 de junio de 1890, aunque su funcionamiento real siguió condicionado por el caciquismo y el fraude
[6] Ortega y Gasset y Manuel Azaña coincidieron en la tentativa regeneracionista de la Liga de Educación Política Española, fundada en octubre de 1913 y presentada en marzo de 1914, cuyo manifiesto (Prospecto) firmaron ambos. La Liga aspiraba a educar políticamente a la nación desde una minoría intelectual, pero no cuajó como partido por su endeble organización y la reticencia de Ortega a la política de aparato. Desde el PSOE se la miró con recelo: El Socialista atacó su orientación reformista y su acercamiento a Melquíades Álvarez, denunciando el elitismo de esos “ilustres” y su voluntad de renovar sin ruptura de régimen [3] [4].
[7] Francisco Pi y Margall (1824–1901) fue un político e intelectual republicano catalán, Presidente del Poder Ejecutivo durante la Primera República (1873) y principal teórico del republicanismo federal español. Influenciado por Proudhon, concibió el federalismo pactista como un Estado construido “de abajo arriba”, mediante el acuerdo libre entre pueblos y regiones, para integrar la diversidad española sin romper su unidad. Para Pi, la federación era la salida a los problemas históricos de España —centralismo, desigualdad territorial y conflicto civil— porque garantizaba autonomía, cooperación y una ciudadanía común en una república democrática. Representa el epónimo de la corriente federal en España, y su influencia se puede rastrear claramente en los diferentes partidos y corrientes de izquierda españoles, que lo han tomado como presupuesto esencial de su arquitectura territorial
[8] En los años 70, el término social-liberalismo hacía referencia a un modelo socialista democrático en lo económico y liberal en cuanto a los derechos políticos y sociales, siendo su relación actual con el neoliberalismo / popularcapitalismo, otro ejemplo de uso “orwelliano” del lenguaje
[9] En este sentido son reveladores los artículos de opinión de Pedro Laín Entralgo en El País, durante los años 80 y 90, en los que muestra su creciente desazón por la persecución del castellano y la deslealtad y “accidentalismo” de los nacionalistas vascos y catalanes ante la articulación autonómica del Estado resultado de los planteamientos “de buena fe” de estos reformistas social-demócratas, entre los cuales militaba el prominente filósofo y médico español [7][8][9][10].
[10] el “café para todos” en el que derivó la instauración de las autonomías catalana, vasca y gallega.
[11] Cuadernos para el Diálogo fue una revista político-cultural fundada en 1963 por Joaquín Ruiz-Giménez en plena dictadura franquista. Sirvió como espacio legal pero crítico para debatir democracia, reformas sociales y europeísmo. Reunió a católicos progresistas, liberales, socialdemócratas y parte de la izquierda antifranquista moderada. Fue un laboratorio de ideas de la Transición y un puente entre dictadura y democracia. Cerró en 1978, ya consolidada la prensa libre y los partidos.
[12] Suárez fue, en su etapa previa a la Transición, un ejemplo paradigmático de apparátchik del partido único: hizo carrera dentro del aparato franquista bajo el padrinazgo de Fernando Herrero Tejedor —gobernador civil de Ávila, que lo incorporó como secretario personal— y desde ahí ascendió en la Secretaría General del Movimiento hasta sus órganos centrales. En ese recorrido ocupó cargos propios del escalafón del régimen, como procurador en Cortes y gobernador civil de Segovia, dirigió Radiodifusión y Televisión (TVE/RNE) entre 1969 y 1973 y, en 1975, llegó a vicesecretario general del Movimiento; tras la muerte de su mentor, culminó esa trayectoria como ministro-secretario general del Movimiento en diciembre de 1975.
[13] Para un análisis en profundidad de los fundamentos y antecedentes de la reforma fiscal de Fuentes Quintana, véase el estudio de Sánchez-Lissen y Lebón Sánchez[18]
[14] De hecho, sorprende y genera cierta suspicacia el empeño del profesor Morodo en implantar el liberalismo progresista de Azaña doquiera que militase
[15] La consecuencia más palpable de ese modelo neoliberal, también llamado “popularcapitalista” ha sido la generación de burbujas como motor de la actividad económica, al haber desmantelado el modelo keynesiano con empleos estables y bien pagados, lo cual está llevando al colapso al sistema capitalista [26].
[16] Grupos como Nexo y La Tercera España son exponentes de este fenómeno
[17] Sahra Wagenknecht (Jena, 1969) es una política y ensayista alemana, formada en economía, que fue una de las figuras más destacadas de Die Linke y copresidenta de su grupo parlamentario entre 2015 y 2019. Tras años de tensiones internas, abandonó el partido en 2023 y fundó en enero de 2024 el Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), fuerza de izquierda populista con énfasis en justicia social, soberanía democrática y crítica a la globalización neoliberal. Ha sido eurodiputada (2004-2009) y diputada del Bundestag (2009-2025) y es autora de varios libros influyentes en el debate sobre la izquierda europea.
[18] Eugenio d’Ors (1881–1954) fue un ensayista y crítico de arte barcelonés que, tras su etapa noucentista, se convirtió en un intelectual de derechas, antiliberal y jerárquico, defensor del orden y de las élites frente a la política de masas. Desde los años veinte evolucionó hacia un conservadurismo revolucionario de tono autoritario e imperial/organicista, considerado por varios estudios como uno de los primeros formuladores españoles de un ideario afín al fascismo y al falangismo. Tras la Guerra Civil se alineó con el franquismo y ocupó cargos culturales del régimen, actuando como legitimador intelectual en el ámbito artístico e ideológico hasta su muerte
[19] «El Gatopardo» es una novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, publicada póstumamente en 1958, que narra la historia de la aristocracia siciliana durante la unificación de Italia en 1860. La trama se centra en el patriarca, el príncipe Don Fabrizio Salina, un noble que presencia la decadencia de su clase social ante el ascenso de una nueva burguesía. La novela es famosa por su frase «si queremos que todo siga como está, hace falta que todo cambie«, pronunciada por su sobrino Tancredi, y explora temas como el paso del tiempo y la adaptación al cambio.
[20] Esta afirmación lleva consigo una serie de consideraciones de tipo moral, lo que nos sitúa en la paradoja de emplear el análisis marxiano – herramienta que utilizamos para proponer la política económica reformista- que considera el trabajo como una mercancía más, para superar dicha condición. La resolución de esta contradicción aparente -que no es tal- va más allá del objetivo de este ensayo.
[21] El objetivo estratégico de la política económica reformista consiste en reducir la brecha entre el valor efectivamente remunerado por la fuerza de trabajo —el salario en sus componentes directo e indirecto— y el valor nuevo que ese trabajo genera en el proceso productivo. En términos de economía política, ello implica moderar la apropiación del excedente (plusvalía) hasta niveles compatibles con la cohesión social, lo que garantiza la estabilidad del sistema. Bajo este enfoque, la remuneración del trabajo debe situarse de manera sistemática por encima del mero coste de reproducción de la fuerza laboral, de modo que el excedente disponible para los hogares trabajadores permita, de forma gradual, la acumulación patrimonial y la ampliación de sus márgenes de autonomía material. Con ello, por un lado se incrementa el montante de capital disponible para el consumo, lo que desde una perspectiva keynesiana favorece el crecimiento económico, mientras que por otro lado se atenúa la dependencia estructural de la venta de la fuerza de trabajo como única vía de subsistencia, lo que es presupuesto esencial visto desde un punto de vista marxiano. Condición necesaria de todo lo anterior es que el mecanismo de circulación del Capital funcione según el ciclo inversión-generación de plusvalor(renta)-reinversión y redistribución del plusvalor hacia salarios/pensiones/rentas financieras, evitando su acumulación aproductiva -al salir del ciclo citado se detiene el proceso de creación de riqueza- [26]. Para una exposición pedagógica de los conceptos citados, puede consultarse Heinrich, Crítica de la economía política. Introducción a El capital de Marx. [34].
[22] El nivel de intervención obviamente no es uniforme: va desde la intervención limitada en el sector primario – regulación de mercados y protección al pequeño y mediano agricultor, así como el fomento de la cooperativización del agro- o en el de la microelectrónica -inversión y coordinación estratégica estatal, I+D y consorcios público-privados- , pasando por el control público parcial en sectores como la sanidad, educación, vivienda, banca, farmacéutica, siderurgia pesada, energía o telecomunicaciones – regulación estricta, convivencia con los operadores privados de un operador público que funcione como “ancla” para evitar sobreprecios y garantice la cobertura total de la población, propiedad estatal de la red de energía eléctrica sobre la que operan diferentes compañías-, o control total en sectores altamente sensibles como el agua, ferrocarril o el complejo militar-industrial – no hace falta explicar las derivadas de perder la soberanía en el ámbito militar-.
[23] La EPS o Entidad de Propiedad Sindical, figura semejante a la ya existente con otros nombres – Employee Ownership Trust (EOT), fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)- en países como Gran Bretaña o Francia, es una figura societaria que será objeto de un futuro artículo
[24] Un ejemplo de este modelo fiscal es la recuperación en el IRPF de la imposición por tramos fuertemente progresivos a las rentas del capital, en porcentajes análogos a las del trabajo, de tal forma que a igual montante de ingresos de rentas de capital y del trabajo correspondan los mismos tramos y porcentajes. Se trata de una reforma a medio camino del IRPF original en el que las rentas del capital y del trabajo tributaban como un único montante en un sistema progresivo de tramos, que pretende reequilibrar el excesivo peso sobre las segundas desplazándolo hacia las primeras, lo que permitiría incluso reducir los montantes porcentuales de los tramos, liberando a la rentas del trabajo e incrementando de esa manera la capacidad de gasto de las familias, a la vez que aumenta notablemente la recaudación fiscal y el carácter redistributivo del sistema.
[25] Nótese que en ningún momento en la descripción del reformismo el autor ha hecho referencia a la forma del Estado, monarquía o república, dado que un análisis sobre la correlación entre esta y la consecución de los objetivos del reformismo no ofrece resultados significativos, llevando a la conclusión de que la posición más conveniente es el accidentalismo.
