Otra vuelta de tuerca a la desigualdad entre trabajadores
La última propuesta de Bildu, BNG y ERC (lo que, por tristeza y desgracia, para muchos es la “izquierda realmente existente”) vuelve a poner sobre la mesa una idea que podría tener apariencia social, pero que esconde una base profundamente regresiva: establecer un salario mínimo interprofesional distinto según la comunidad autónoma.
Conviene empezar por lo esencial. El SMI es, como su propio nombre indica, el suelo común que garantiza que ningún trabajador en España cobre por debajo de un mínimo, con independencia de su profesión o del lugar donde viva. Actualmente está fijado en 1.221 euros mensuales. Y sí, es una cantidad que apenas da para vivir.
Ese debería ser el verdadero debate: que el salario mínimo se está acercando peligrosamente al salario habitual de la mayor parte de la población. Es decir, el problema no es solo el SMI, sino el empobrecimiento general del mercado laboral mientras el coste de la vida (especialmente marcado por la vivienda) no deja de aumentar.
Entonces, ¿cuál es el error de fondo? Pues lo que viene a ser la ceguera habitual de cierta izquierda, fragmentar lo que nos debería unir
Plantear un SMI diferenciado por territorios supone romper un principio esencial, la igualdad entre trabajadores, que un trabajador valga menos según resida en un sitio u otro.
La izquierda, si quiere seguir siéndolo, no puede aceptar la existencia de trabajadores de primera y de segunda. Como recordaba Cándido Méndez en una anécdota citada en las jornadas jacobinas: “la bombona de butano pesa lo mismo, y las escaleras son las mismas, en el País Vasco que en Sevilla”.
Nadie discute que el coste de vida varía entre territorios. Madrid, Barcelona o San Sebastián son ciudades más caras. Pero convertir esa diferencia en criterio para fijar salarios mínimos no corrige desigualdades, las consolida.
Además, esa lógica ignora una realidad evidente: los salarios ya son, de facto, más altos en las zonas con mayor coste de vida. Las principales ciudades concentran empleos mejor remunerados precisamente por esa presión económica. Introducir un SMI diferenciado no añade equilibrio, sino que refuerza esa brecha.
Si una persona puede percibir el mismo salario en un lugar más barato, la decisión racional será quedarse allí. El problema es otro, que en muchas de esas zonas con menor coste de vida simplemente no existen las mismas oportunidades.
Y ese es el verdadero fallo estructural, que no está en que el SMI sea uniforme, sino que España no ofrece las mismas oportunidades en todo su territorio. Porque la realidad para muchos trabajadores es que no se desplazan por capricho, sino porque es en determinadas zonas donde están los salarios y las oportunidades.
Además, el principal factor que explica las diferencias de coste de vida es la vivienda, el gran problema estructural del país. Y este se agrava precisamente por la concentración del empleo y las oportunidades en determinadas áreas. Es un círculo vicioso: donde hay trabajo, suben los precios; donde suben los precios, se justifica diferenciar derechos. Por ello, adaptar el salario mínimo a esas desigualdades es, en la práctica, asumir como permanente una brecha que se debería combatir.
Pero el problema no es territorial en origen, sino estructural. No es que unos territorios necesiten otro SMI, sino que España arrastra un modelo económico desequilibrado que concentra riqueza y oportunidades en pocos lugares.
Por eso, el debate no debería ser qué territorios merecen un SMI más alto, sino cómo garantizamos condiciones dignas para todos los trabajadores, vivan donde vivan. Lo contrario supone convertir una herramienta de justicia social en un instrumento de fragmentación política.
Desde una perspectiva de izquierdas, el sentido del SMI es claro: garantizar un suelo mínimo de dignidad para los trabajadores en condiciones más vulnerables. Su función no es adaptarse a las desigualdades existentes, sino corregirlas. Porque el trabajo, sobre la base del esfuerzo y el mérito, debe permitir desarrollar un proyecto de vida digno, y corresponde a los poderes públicos asegurar que así sea para el conjunto de la población activa
Sin embargo, bajo el pretexto del coste de vida, se introduce una lógica territorial que poco tiene que ver con la justicia social y mucho con la diferenciación política. No es casualidad que esta propuesta provenga de formaciones cuyo eje no es la igualdad, sino el nacionalismo. Resulta especialmente llamativo el caso de que esta medida se haya impulsado desde el BNG, cuya posición choca con la realidad económica de su propia comunidad.
Las consecuencias de estas medidas, por tanto, serían del todo perversas: se estaría oficializando que existen regiones condenadas a salarios más bajos. No como una anomalía a corregir, sino como una realidad asumida desde el propio diseño institucional.
Con ello, se reducirían los incentivos para corregir los desequilibrios estructurales y se consolida un mercado laboral segmentado. El resultado: menor atracción de talento en las zonas más deprimidas, menor inversión productiva y una brecha territorial cada vez más difícil de cerrar. En otras palabras, un modelo que cronifica la desigualdad en lugar de combatirla.
Si algo positivo tiene el SMI es precisamente su capacidad para elevar de forma real las condiciones de vida de los trabajadores en las zonas más deprimidas económicamente, permitiéndoles acceder a un mínimo de dignidad material. Esa es su función: actuar como mecanismo de cohesión, no de diferenciación. Eso es lo que ahora parece molestar desde una mirada nacionalista.
Si de verdad se quiere mejorar la vida de los trabajadores, las herramientas son otras:
- Reforzar la negociación colectiva, que es donde se fijan las condiciones salariales reales (además ya no tienen excusa, pues por convenio autonómico pueden negociar un salario superior para adaptarlo a ese coste de vida, por lo que ninguna falta hace romper el SMI para ello).
- Aumentar la productividad mediante inversión, innovación y formación.
- Desarrollar políticas económicas que reduzcan los desequilibrios territoriales y eviten la concentración del empleo en los mismos territorios.
Por ello, fragmentar el SMI no es una solución estructural, sino un parche cortoplacista propio de una izquierda agotada, que ha sustituido la ambición transformadora por la gestión de equilibrios políticos. Una izquierda acorralada, que muestra su cara más desagradable. Aquella que, en lugar de unir a la clase trabajadora, la divide en función del territorio.
En el fondo, se trata de un atajo político disfrazado de medida social. Porque la mejora de las condiciones salariales debería articularse a través de la negociación colectiva y de la capacidad de organización de los trabajadores.
¿Por qué no se pretende esta lucha de forma sindical? Pues porque no tienen poder de convocatoria entre los trabajadores, así como valentía para negociar esa mejora de condiciones que se suponen buscan frente a las empresas y el capital.
Es mucho más fácil presionar al Gobierno (aquel que vive en el permanente chantaje para mantenerse en poder sin sacar una sola medida social ni unos presupuestos en toda una legislatura) para modificar el SMI, que negociar mejoras salariales empresa a empresa o sector a sector. Y no por ser muchos sino por ser nacionalistas necesarios para mantenerse en el poder (todo muy democrático).
La justicia social no consiste en adaptar los derechos a cada territorio, sino en garantizar que nadie quede atrás, viva donde viva. Fragmentar el salario mínimo no es una política progresista, es aceptar como inevitable la desigualdad y darle forma legal. Es sustituir la igualdad por la diferencia.
España necesita un proyecto común. No más fronteras internas, no más derechos a distintas velocidades, no más políticas que se limiten a administrar desigualdades.
Sin embargo, una parte de la izquierda parece haber asumido ese marco. Cada vez cuesta más encontrar un principio común reconocible que permita identificarse con esa tradición política. Porque lo que hoy se presenta como izquierda, en demasiadas ocasiones, ha dejado de serlo para convertirse en una suma de intereses territoriales sin proyecto compartido.
No quiero dejar en este artículo sin romper una lanza en favor de la honrosa excepción de Toni Valero, de adelante Andalucía, adscrito en SUMAR, quien colgó un video en su perfil comentando precisamente lo distópico de este problema y la ceguera que suponía defender esta medida (habría que ver si realmente lo defiende conscientemente o es cuestión de que se acercan las elecciones andaluzas).
En cualquier caso, efectivamente Toni, un trabajador no vale menos por vivir en un sitio u otro.
Pero basta observar la reacción que generan esas posiciones, pues no han tardado en lanzársele al cuello, lo que revela otro gran problema de fondo: que cualquier apelación a la igualdad es rápidamente señalada cuando entra en conflicto con la lógica nacionalista identitaria.
De hecho, al propio Toni, de SUMAR (¡de SUMAR!), no han tardado en arrogarle la etiqueta de nacionalista español.
La vida ya se está poniendo suficientemente difícil, de verdad no podemos volver ‘a luchar por mejorar las condiciones de todos ¿por qué debemos rendirnos a luchar por las mías, por las de mi terruño?
Bajo estas iluminadas ideas, estos falsos debates, poco a poco, se va imponiendo una idea profundamente regresiva: que, en lugar de mejorar las condiciones de todos, cada cual debe conformarse con defender las suyas propias. El salvase quien pueda, la base de fondo del liberalismo económico.
Si ser de izquierdas significa aceptar desigualdades en función de la región, entonces algunos hace tiempo que dejaron de defender a la clase trabajadora para centrarse únicamente en la gestión de su parcela de poder. Porque no hay nada progresista en asumir como inevitables las diferencias, ni en convertirlas en norma.
Ser de izquierdas es garantizar igualdad de derechos, no romperlos por territorios.
Lo demás, por mucho que se disfrace, es pura distopía.
