Sobre el proyecto económico de Izquierda Española

Izquierda Española ya se ha constituido como partido político. En un reciente congreso aprobó las ponencias política y estratégica en la que se recoge su ideario sobre múltiples cuestiones, incluida la economía, sobre la que me gustaría profundizar aquí.

El ideario del partido se puede resumir a partir de las intervenciones de la última jornada, en la que Juan Francisco Martín Seco argumentó que los postulados de la Izquierda no se defienden por parte del gobierno actual ni en los partidos que le dan apoyo, Soraya Rodríguez llamó a construir un partido nuevo huyendo de sectarismos, y Cándido Méndez recordó que las soluciones de las ciencias sociales para regular el funcionamiento de las sociedades democráticas y defender el valor del trabajo no son simples ni sencillas. Por parte de la nueva comisión ejecutiva, Laura Rodríguez Montecino llamó a no normalizar los ataques a la independencia de las instituciones y, por último, el reelegido secretario general Guillermo del Valle enfatizó los tres principios bajo los que se reconoce este partido: el bien común, la justicia social y el principio de igualdad. Para poder alcanzarlos es necesario un Estado fuerte, que sea capaz de garantizar los derechos sociales, llevar a cabo acciones redistributivas y eliminar los privilegios territoriales de cualquier tipo.

Los principios de bien común, justicia social e igualdad tienen una aplicación directa en términos económicos. Por bien común entendemos que postulamos una función de bienestar social en la que se consideran todas las dimensiones del bienestar, y no únicamente la riqueza económica. La justicia social se plasma en la defensa prioritaria de los intereses del conjunto de los ciudadanos, en tanto que trabajadores y consumidores, con un énfasis en los más desfavorecidos. Y la igualdad la definimos tanto en términos de oportunidades como de fines mediante potentes mecanismos redistributivos personales como territoriales.

Si bien puede existir un elevado consenso respecto a estos fines, las diferencias aparecen cuando planteamos los instrumentos para alcanzarlos. La decisión más relevante es la que se refiere al papel que otorgamos a la intervención pública en los mercados. Obviamente, la opción de dejarlo todo en manos del mercado se corresponde a una visión ultraliberal que es incompatible con los principios de la Izquierda. En el otro extremo, la experiencia del siglo pasado nos ha mostrado que la estatalización plena de la economía tampoco es una solución. Por ello, la pregunta debe plantearse en términos de cual debe ser la intensidad de la acción reguladora del estado sobre los mercados.

En las sociedades contemporáneas el estado puede modular el funcionamiento de los mercados imponiéndole límites, normas o restricciones cuando los resultados se alejan de los deseables. Así, la intervención pública debe lidiar con cuestiones como la gestión de las externalidades (el cambio climático como resultado de la actividad económica, entre otros efectos externos negativos), la provisión de bienes públicos (no confundir con servicios públicos: bienes públicos son aquellos que la actividad privada nunca proveerá, como los faros o la defensa nacional), la lucha contra la monopolización de los mercados (ya sea mediante cárteles, fusiones que no beneficien a los consumidores o situaciones de abuso de dominio) o de información asimétrica (donde una parte, habitualmente las empresas, puede manipular el intercambio gracias a su ventaja informativa).  Todas estas cuestiones se engloban bajo el concepto de “fallos de mercado”, pero no son las únicas que hacen necesaria la intervención pública. Debemos añadir los objetivos de redistribución de la renta y del acceso a los servicios públicos, tanto a escala personal como territorial, donde se incluye el desarrollo económico regional.

Para llevar a cabo sus funciones el estado cuenta con un conjunto de instrumentos que en ocasiones puede parecer escasos, pero que si se emplea a fondo da una buena medida de lo potente que puede llegar: las políticas hacendísticas, entendidas como el conjunto de impuestos y de gastos que ejecutan las distintas administraciones; la regulación propiamente dicha, que va desde el marco institucional general hasta la decisión de fijar precios específicos en mercados concretos; y la creación de empresas públicas para aportar bienes y servicios de carácter público o que se consideren estratégicamente necesarios.

Al considerar la efectividad de estos instrumentos es cuando resulta más evidente el papel de uno de los elementos diferenciales del ideario de Izquierda Española: la efectividad del Estado no puede verse mermada por una estructura territorial que dificulte innecesariamente su acción. La cesión la fiscalidad administraciones subcentrales cuando las bases fiscales son móviles da lugar a evidentes situaciones de competencia fiscal a la baja. La prestación de servicios públicos como la sanidad o la educación a escala territorial genera evidentes problemas de coordinación y falta de eficiencia (desde la imposibilidad de compartir historias clínicas hasta las injusticias derivadas de distintas pruebas de acceso a la universidad). Además, aunque ninguna administración es inmune al riesgo de captura por parte de intereses privados, las más pequeñas y alejadas de los mecanismos de control requieren una supervisión más costosa, que será menos eficiente.

Una respuesta sintética a la pregunta sobre la intensidad que debe llevar a cabo la intervención pública la proporciona el concepto de Economía Social de Mercado, acuñado por el sociólogo alemán Muller-Armack durante la posguerra, que fue resumido, entre otros, por el canciller Willy Brandt mediante la expresión “tanto mercado como sea posible, tanto estado como esa necesario”.

Este criterio puede servir para discutir cuestiones como el alance del concepto de sectores estratégicos, o el papel que deba tener el sector público en la gestión directa de los mismos. Aunque puede parecer tentador hacer explícitas cuales son las actividades que deben estar plenamente garantizadas, y responsabilizar al estado de hacerlo mediante sus propios medios, existen elementos para poner en duda que de esta forma se garanticen mejor los objetivos del partido expresados más arriba. En primer lugar, como ya he indicado, los mecanismos de regulación pueden ser muy efectivos, haciendo innecesario que el estado suplante al mercado en cada uno de los casos que se consideren estratégicos. Además, la mera definición de qué es y no es “estratégico” podría llevar a listas innecesariamente largas, y sujetas a la presión de distintos colectivos que no necesariamente representen el bien común. Por otro lado, la historia reciente de la economía española cuenta con numerosos ejemplos en los que la gestión pública empresarial dio lugar a notables ineficiencias que tuvieron que ser cubiertas con aportaciones públicas regulares para sufragar déficits de operación. Estas compensaciones, además de socavar la capacidad de la hacienda pública para destinar los recursos a otros fines, acarreaban efectos regresivos que tampoco podemos ignorar.