La educación infantil es el primer contacto que se tiene con el sistema educativo, donde se aprende a dibujar, a jugar con otros niños, etc. Varios estudios demuestran la importancia de una educación infantil accesible y de calidad para el desarrollo y el bienestar de los más pequeños.
En España, la participación educación infantil ha aumentado a lo largo del tiempo y ahora se sitúa muy por encima de la media europea. De hecho, nuestro país ya supera con creces los objetivos de participación que en el Consejo de la Unión Europea recomendó alcanzar en 2030.
Hasta aquí las buenas noticias. Porque si uno analiza más en detalle las tasas de participación, se ve claramente que estos avances han ocurrido dejando atrás a gran parte de la infancia más desfavorecida. Hay más participación, pero también hay más desigualdad. Si miramos los datos de Eurostat sobre las tasas de participación en el primer ciclo de educación infantil (que va de 0 a 3 años), vemos que en los últimos diez años la brecha socioeconómica se ha agrandado. En 2015, algo más de un tercio (34%) de los niños en riesgo de pobreza y exclusión social estaban escolarizados en el primer ciclo de educación infantil. En 2024, la participación de este grupo era más alta (41%).
Este aumento es obviamente algo positivo. Pero palidece en comparación con el aumento de la participación en el primer ciclo de educación infantil de los niños que no está en riesgo ni pobreza ni exclusión social. En el caso de este grupo con menos carencias económicas, la participación ha aumentado muchísimo más a lo largo del tiempo, de un 42% en 2015 a un 62% en 2024.
Esto significa que ahora hay más diferencias socioeconómicas en la participación en educación infantil que hace diez años. En 2015 había una diferencia en la tasa de participación de estos dos grupos de unos 8 puntos porcentuales. En 2024, la brecha entre las tasas de participación entre estos dos grupos se ensanchó, alcanzando 21 puntos porcentuales. Si comparamos ambos valores (21 en 2024 menos 8 en 2015), vemos que las diferencias socioeconómicas han aumentado 13 puntos porcentuales en los últimos diez años. En la UE, sólo tres países (Francia, Italia y Croacia) han experimentado un incremento mayor en desigualdad.
Es necesario por lo tanto que las políticas públicas reviertan esta tendencia, promoviendo la participación en educación infantil de la infancia más desfavorecida. El ejecutivo ha anunciado un nuevo programa de ayudas en 2026 y 2027 para la escolarización gratuita del alumnado de 0-3 años dirigido a las familias bajo el umbral de pobreza. Sin embargo, para fomentar mayor participación de estas familias, hace falta no solo ayudas económicas, sino también ofertar más plazas. Si bien el gobierno central puede ayudar en esto, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas. Además, en nuestro país cada comunidad autónoma puede establecer sus propios criterios de admisión, evaluación y sus propias medidas para erradicar desigualdades y barreras de acceso.
Hay grandes diferencias entre comunidades autónomas respecto a la oferta pública de plazas, el nivel máximo que pueden tener las cuotas mensuales, las desgravaciones y exenciones disponibles, etc., etc. Como se puede ver en el siguiente gráfico, también hay enormes diferencias en la participación por comunidad autónoma, con una tasa de escolarización en el País Vasco que dobla la de Asturias o Canarias.
Todo esto es una muestra de cómo las desigualdades sociales y territoriales nos afectan a todos. Incluso a aquellos que aún no han aprendido a andar. En estos momentos en que se está negociando una nueva financiación autonómica, se vuelve a insistir en el manido argumento de que “diferencia no equivale a desigualdad”. Sin embargo, existe un claro riesgo en el aumento de la desigualdad. Las diferencias en tasas y en la oferta de plazas tienen también un impacto negativo no solo para los más pequeños del hogar, sino también para los padres a la hora de poder conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos.
Una mayor desigualdad entre territorios en materia de capacidad fiscal puede llevar a que solo aquellas comunidades autónomas que cuenten con suficientes recursos puedan ofertar plazas en escuelas infantiles públicas. También puede limitar la capacidad de regulación e inspección, claves para asegurar que las escuelas infantiles privadas ofrezcan un servicio de calidad.
Cuando hablamos de financiación autonómica, también hay que hablar de esto. Porque estamos hablando de algo que afecta también a aquellos que aún no han aprendido a hablar.
