Y a ustedes, ¿qué les pone la piel de gallina?

Se nos ha puesto la piel de gallina al enterarnos de que el pasado 16 de julio un joven de 20 años ha intentado quemar viva a una menor de 17 años en Las Palmas (presuntamente, claro). La noticia es impactante de per se. No puedo imaginar peor manera de morir. Afortunadamente, la menor sigue adelante.

No me sorprende que el tratamiento informativo de la noticia se haya centrado en que el joven agresor es de origen marroquí, había llegado en patera a Canarias hace un mes y contaba con una orden de expulsión. Llega esta noticia en pleno fervor por los hechos acontecidos en Torre-Pacheco y por lo tanto el acento en la noticia ha sido el origen y la situación ilegal del agresor de esta niña. Sobre ese grave problema que presenta España ya se está vertiendo mucha tinta. Pretendo hablar de otro problema.

Lo verdaderamente noticiable ha pasado desapercibido y es que, en esta ocasión, la menor está bajo la tutela del Gobierno de Canarias y su guarda la ostentaba un centro residencial del Cabildo de Gran Canaria de donde estaba fugada hacía días.

Las situaciones de fuga de centros residenciales del sistema de protección a la infancia y adolescencia se han incrementado en el todo el territorio nacional. Y no estamos hablando de menores extranjeros que llegan de manera ilegal a España. Hablamos de niños y adolescentes españoles que se encuentran en situación de desamparo y la Administración Autonómica competente les ha retirado las funciones tutelares a sus padres porque les han infligido malos tratos, agresiones, violencia sexual, o han sido víctimas de negligencias parentales graves, entre otras posibilidades. También es cierto que se han incrementado el número de estos menores que residen en centros a pesar de que la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia llevó a cabo una profunda revisión de las instituciones de protección estableciendo la prioridad de ofrecer un acogimiento familiar a los menores tutelados frente a la alternativa de ingreso en centros de acogida o residenciales.

A modo de ejemplo, según los datos de la Sindicatura de Greuges de Cataluña cada año se producen alrededor de mil fugas, el 2,5% del total. El porcentaje asciende hasta el 4,3% en el caso de las adolescentes de 12 a 17 años. Y es que los centros de protección a la infancia y adolescencia son espacios abiertos donde los niños pueden entrar y salir con autonomía para ir al colegio, hacer extraescolares o visitar a amigos o familia.

Si el sistema de protección hubiera funcionado bien y existieran protocolos de búsqueda activa de estos menores por parte de los cuerpos de seguridad, los cuales suelen ser conocedores de los “puntos calientes” por donde se suelen mover estos niños, la agresión a esta menor que ha sido quemada se podría haber evitado. No basta con comunicar su fuga. Hay que intentar evitar las fugas pero cuando se producen, la obligación de la Administración es buscar al menor de manera activa igual que se haría cuando unos padres denuncian la desaparición de un hijo.

La mayor parte de los abusos de los niños tutelados se producen durante las fugas; mientras que en las niñas a menudo se detectan abusos sexuales, los niños se ven principalmente inmersos en situaciones de violencia y delincuencia, aunque también se producen abusos. Y es que estamos hablando de niños y adolescentes muy vulnerables, que normalizan el riesgo, que han perdido sus vínculos y a veces sus referentes familiares y que no siempre aceptan la medida de ingreso en centro para protegerlos; porque los centros son dispositivos a menudo saturados, con gran rotación de profesionales y por lo tanto, con difíciles condiciones para que establezcan conexiones afectivas y de confianza con sus educadores. Estos niños son víctimas fáciles y están expuestos a caer en manos de redes de prostitución como en el caso Trinity, en el que un grupo de menores tutelados en Tortosa fueron captados por la mayor red estatal de pornografía infantil o como en el caso de Baleares en 2019 en el que se destapó una red de tráfico de drogas y prostitución de menores tuteladas.

Otra realidad de estos menores es que presentan a menudo problemas de salud mental derivados de sus difíciles experiencias vitales previas al ingreso, los cuales no son bien resueltos por el sistema de salud mental infanto-juvenil a nivel ambulatorio y/o hospitalario.

Y en esta tormenta perfecta, los 17 sistemas de protección a la infancia que operan en España resuelven con mayor o menor acierto la situación de sus menores tutelados fugados, o no, para que no caigan en manos de “lobos solitarios” o redes criminales. La situación de desamparo de estos menores sigue existiendo a pesar de que se les hayan retirado las funciones tutelares a los padres, porque la Administración, en su papel de tutora, continúa siendo negligente y poco protectora con estos niños, y ello me parece un hecho profundamente grave. Si se hubiera protegido eficazmente a esta adolescente canaria hoy no estaría con el 95% de su cuerpo quemado.

Que tenemos un problema con el incremento de la delincuencia y que las cifras quedan engrosadas por los casos de inmigración ilegal, no hay duda. Que el sistema de protección a la infancia y adolescencia no sabe y/o no puede proteger a sus menores tutelados adecuadamente, es un hecho.

Y a usted, ¿Cuál de las dos cosas le pone más la piel de gallina?