REDISTRIBUCIÓN

Los impuestos son instrumentos de política fiscal: señalar que se van a bajar o subir, sin precisar cuáles, cuánto o con qué efectos es tramposo. Con la actual situación de deuda pública, la habitual propuesta de mágicas rebajas fiscales es un engaño que responde al clásico populismo fiscal del neoliberalismo. Si se bajan masivamente los impuestos, la recaudación también baja. Y de paso, llegan los recortes sociales y la degradación de los servicios públicos, acentuando la nefasta senda de los últimos años.

Debe acometerse una fuerte reforma fiscal progresiva en España. No podemos seguir realizando ajustes sobre las clases trabajadoras subiendo impuestos indirectos como el IVA, o confiando cualquier política fiscal en tasas verdes o medioambientales, normalmente de cariz regresivo, que terminarán pagando los trabajadores. Esa parece ser la senda de siempre: combinar subidas de impuestos indirectos, con efectos regresivos y especialmente gravosos para los que menos tienen, y recortes sociales. Tenemos que caminar la senda exactamente contraria.

Hay que acabar con la creciente y preocupante brecha entre la tributación entre las rentas del capital y las del trabajo en el IRPF, que perjudica a las últimas, como fiel reflejo de las políticas fiscales más reaccionarias aplicadas en las últimas décadas. El sistema tributario ha de recuperar y blindar un Impuesto de Patrimonio y un Impuesto de Sucesiones y Donaciones verdaderamente progresivos, que nunca más vuelvan a transferirse a las Comunidades Autónomas, dinámica que sólo fomenta el «dumping» y la competencia desleal a la baja, y que termina expulsando del sistema dichos instrumentos fiscales. Deben eliminarse múltiples deducciones del impuesto de Sociedades, acometer una armonización fiscal general, y plantear la imperiosa necesidad de que las grandes corporaciones multinacionales y plataformas tecnológicas dejen de encontrar fórmulas de elusión fiscal y deslocalización, que destrozan las arcas públicas de los Estados y ponen en cuestión la sostenibilidad del Estado social.

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