Reforma constitucional. Notas.

Considerar la CE un texto sagrado e inamovible resulta tan poco serio como atribuirle ser el origen de todos los males, como se estila en determinado populismo presuntamente impugnatorio del sistema. Y decimos presuntamente porque señalar un marco de derechos y libertades como la Constitución – con muchas insuficiencias internas y, sobre todo, externas, en cuanto a las posibilidades de cumplimiento- como el origen de los problemas de un sistema social y económico injusto y depredador implica, en el mejor de los casos, andar con un despiste colosal.

1. La CE es hija de un tiempo histórico en el que las ideas económicas del capitalismo neoliberal no habían triunfado plenamente. Por eso, el artículo 128 de nuestra Carta Magna abre la puerta a la subordinación de la economía al bien común, la nacionalización de sectores estratégicos o la planificación estratégica de la economía. Diez años después, seguramente, nuestro texto constitucional hubiera estado más cercano a los principios inspiradores de los Tratados de Libre Comercio o aquellos otros europeos, como Maastricht, donde el fundamentalismo de mercado ya era hegemónico.

2. Tratar de abrir, por tanto, un proceso constituyente ahora es simplemente un ejercicio estéril de arrogancia y miopía: ni hay correlación de fuerzas ni garantías mínimas de que una clase trabajadora maltratada por los recortes de décadas en sus derechos sociales no saliera peor parada si, a día de hoy, reescribiéramos la política económica que prevé nuestra CE.

3. Sea como fuere, hay elementos completamente nocivos que cualquier propuesta transformadora de izquierdas debe rechazar: el artículo 135 de la CE que prevé el pago preferente de los intereses de la deuda a cualquier gasto social es incompatible con un verdadero Estado social y refleja solamente una salida dogmática de la crisis del euro dentro del marco neoliberal.

4. Necesitamos reformar la Constitución para conjurar todas las dinámicas del “hecho-diferencialismo” que asolan nuestro país. Lejos de ser un capricho de El Jacobino, el vaciamiento competencial al que ha abocado el título VIII ha debilitado al Estado central y hecho saltar por los aires la igualdad entre españoles. La configuración cantonal de España en que ha devenido el Estado de las Autonomías es un arma letal contra la igualdad de los españoles. Competencias como educación, sanidad, fiscalidad, justicia o seguridad deben ser competencia exclusiva del Estado central. Como se ha visto recientemente en la Comunidad de Madrid, la descentralización competitiva e insolidaria es una vía expedita para facilitar las privatizaciones y el desguace del Estado de Bienestar.

5. Necesitamos impugnar con claridad el reconocimiento de derechos históricos formales y sustantivos para una propuesta republicana en sentido integral: no se trata de folclore republicano en sentido estético, sino de defensa de una comunidad política de ciudadanos igualmente libres y fraternos. No aceptamos la herencia en la jefatura de Estado, pero desde luego tampoco abogamos por una falsa República asentada en la suma de naciones tribales competitivas, de presuntos derechos históricos de territorios forales o de ciudadanos de primera y de segunda. Tanto la referencia a las nacionalidades como a los derechos históricos deben desparecer en el marco de la conformación de un Estado de ciudadanos con iguales derechos políticos, sociales y económicos, sin espacio para ninguna suerte de discriminación, tampoco la del Código Postal.

6. España debe ser un Estado integralmente laico en el que ningún valor religioso ni ninguna relación con congregación religiosa alguna puede erigirse como filtro de los derechos de ciudadanía. Tampoco las presuntas identidades culturales, las lenguas o los orígenes pueden orientarse a conculcar la igualdad de derechos civiles, que hoy carecen de garantías suficientes en el conjunto del territorio político.

7. Deben blindarse, como derechos fundamentales, derechos sociales tales como el acceso a una vivienda pública, el derecho a una pensión pública garantizada y, seguramente otros (como una RBU) así como a un trabajo digno, que hoy carecen del reconocimiento jurídico suficiente en nuestro texto constitucional y que deben ser el esqueleto de un verdadero Estado social donde la libertad de las personas no sea un declamación teórica y falsa, sino la verdadera garantía de todas las condiciones materiales que permiten que las personas no estén sometidas a poder arbitrario alguno.

8. Que la subordinación de la riqueza del país al interés general, la planificación estatal de la economía, la iniciativa pública, la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, la intervención de empresas u otros grandes avances sociales contemplados en el texto constitucional vigente (en artículos como el 128 o el 131), no queden en meras declaraciones de intenciones y se utilicen proactivamente y con total normalidad en el afán de procurar el bien común a los ciudadanos españoles, de proteger aquellos sectores estratégicos de los que depende nuestro futuro y de revertir la despatrimonialización del Estado sufrida especialmente durante estas últimas décadas.

El Jacobino

El Jacobino es un ‘think tank’ nacido en 2021 dedicado a promover un proyecto basado en los principios de libertad, igualdad, justicia y democracia. Creemos en un modelo de Estado social y democrático de Derecho que priorice el bien común y defienda la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Nuestra misión es aportar un análisis crítico de la realidad política y social, así como propuestas concretas que enfrenten las desigualdades, la desinformación y los privilegios arraigados en la sociedad generados por el origen, bien sea económico, social o territorial.

1 comment on “Reforma constitucional. Notas.
  1. Llevo siguiendo vuestra evolución desde hace un tiempo. Me parece que existe una coincidencia de pensamiento entre ambos y me gustaría seguir de cerca vuestra ruta. Saludos.

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