España debe ser un Estado unitario, centralizado políticamente, formado por provincias o departamentos, es decir. por unidades administrativas racionales que no respondan a otro interés que al bien común.
Debe acabarse con un Estado autonómico que sepulta el interés general a fin de mantener unos reinos de taifas, asimétricos e ineficientes, que originan ciudadanos de primera y de segunda. El nacionalismo identitario aprovecha el Estado autonómico para corromper las instituciones de todos y ponerlas al servicio de su proyecto xenófobo. El “derecho a decidir” es en realidad el privilegio de secesión de una minoría que pretende apropiarse del territorio que a todos nos pertenece. El privilegio de secesión es a su vez un proceso de privatización superlativa del bien público por excelencia, el territorio: dejando en manos de unos pocos la decisión de lo que a todos nos compete.
Las grandes competencias de sanidad, educación, justicia, política fiscal, justicia y seguridad deben ser blindadas como servicios públicos, y deben recuperarse por el Estado central para evitar cualquier dinámica competitiva entre regiones, o cualquier proceso encubierto de privatización o externalización de las mismas.
La Constitución Española debe ser reformada de una manera clara para bloquear dos dinámicas peligrosas: una, la que encuentra su cénit en el artículo 135 de la CE que entierra el Estado Social, o lo deja herido de muerte; otra, la que reconoce «derechos históricos de territorios forales» o abre la puerta a regímenes fiscales privilegiados, y al vaciamiento competencias del Estado central, vías todas ellas dirigidas a la letal centrifugación del Estado. Frente a todos los privilegios formales y materiales, abogamos por la recentralización de competencias, necesaria para una fuerte defensa y ampliación del Estado social..
