Nuestro mercado laboral no puede ser un nido de fraude estructural en el que proliferen políticas de desregulación, abaratamiento del despido, merma del poder negociador de los sindicatos, o reformas destinadas a despedir libremente y a pagar lo menos posible a los trabajadores. Todas las reformas laborales neoliberales, concatenadas en nuestro país, deben ser derogadas y sustituidas por políticas laborales basadas en la protección de los derechos de los trabajadores, en la negociación colectiva sectorial y en la regulación exhaustiva de las relaciones laborales.
Dentro de la precariedad generalizada, hay que abordar especialmente la situación de los jóvenes que sufren niveles de paro e inseguridad inasumibles, que se prolongan en el tiempo y les obliga a emigrar a otros países. La ‘fuga de cerebros’ de jóvenes cualificados formados con recursos españoles que no pueden ser absorbidos por el mercado nacional es ineficiente para el país y genera altas cotas de frustración social.
Por otro lado, es inútil regular los derechos laborales si no se aborda seriamente una reforma de la temporalidad. Los contratos temporales, la mayoría de ellos fraudulentos; dinamitan el trabajo estable, impiden la organización del trabajador para el reclamo de sus derechos y cronifican la inseguridad vital con la extensión de la inseguridad laboral y el deterioro de los lazos familiares de los ciudadanos. Es fundamental controlar la causa de los mismos para poner fin a la utilización abusiva y fraudulenta de esa modalidad contractual.
Respecto a la llamada economía colaborativa, no hay que legislar ninguna figura laboral especial, sino garantizar la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Hay que sancionar fuertemente a las plataformas dedicadas a la explotación laboral y, si persisten en el abuso, prohibir su funcionamiento en territorio nacional, garantizando el Estado el reintegro al mercado laboral de los trabajadores explotados.
Debe llevarse a cabo un blindaje legal y constitucional de nuestro sistema público de pensiones, si nos tomamos medianamente en serio la conceptualización de España como Estado social. Esto pasa por acabar con la arbitraria disociación entre cotizaciones sociales y Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de las pensiones, porque son una partida esencial de un Estado de Bienestar que se precie de ser considerado como tal. Basta de engaños: un sistema privatizado, de capitalización, basado en un ahorro privado maltrecho por los bajos salarios de los españoles, condenaría a millones de compatriotas a la más absoluta pobreza.
Hay que convertir la vivienda en un verdadero derecho fundamental; acometiendo políticas públicas de gran calado y garantizando un amplio parque de vivienda pública, frenando las políticas especulativas del suelo y las bochornosas prácticas fraudulentas de fondos buitres, perpetradas ante la pasividad o connivencia de determinadas administraciones.
Los derechos sociales no pueden seguir siendo meros principios rectores, nominales; deben ser derechos fundamentales con memoria económica, y posibilidades de implementación material, real y efectiva.
