Agonía inmobiliaria y caída del capitalismo popular.

La crisis inmobiliaria en España -y en el resto del llamado mundo occidental- tiene sus raíces en una concatenación de diversos factores económicos, sociales y políticos a lo largo de varias décadas y está teniendo un impacto devastador en nuestras sociedades, poniendo en riesgo incluso la existencia misma del Capitalismo como un modelo económico funcional.

Para rastrear los orígenes de este fenómeno tenemos que retrotraernos a los primeros años del siglo XX y a los debates dentro de la Internacional Socialista que condujeron a la deriva progresiva de la socialdemocracia a partir de los años 20 del siglo pasado -y que acentuó tras la Segunda Guerra Mundial- hacía la coexistencia con el capitalismo tratando ya no de sustituirlo sino de integrar a las masas obreras en él, atemperando sus efectos nocivos y confluyendo en el proceso con las corrientes liberales clásicas, conservadoras y democristianas más moderadas, herederas de las políticas bismarckianas de contemporización con el movimiento obrero, y de la Doctrina Social de la Iglesia -que podríamos llamar socialistas de derechas según la terminología de Gustavo Bueno- en la creación de lo que se ha llamado Economía Social de Mercado, viraje que tuvo uno de sus momentos clave en el congreso del SPD en Bad Godesberg con aquella frase que resumió el abandono del maximalismo marxista: “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”.

Sin embargo, ese modelo que tuvo un éxito sin precedentes al integrar la justicia social en el sistema capitalista – históricamente incompatibles –  y que proporcionó el mayor periodo de bienestar colectivo desde que hay registros, entró en crisis a partir de los años 70 cuando los problemas derivados de los déficits desbocados de los Estados Unidos consecuencia, entre otras cosas, del gasto militar en Vietnam llevaron al presidente Nixon al abandono del modelo de Bretton Woods – un patrón oro indirecto en tanto en cuanto todas las monedas estaban ligadas al dólar con un cambio fijo y este al oro de la misma forma- que conformaba la pata monetaria del sistema existente. Esto, junto con la crisis energética del 73 a consecuencia de la subida exponencial de los precios del petróleo, generó una crisis económica que supuso la oportunidad esperada por los sectores liberal-conservadores más contrarios a los mecanismos de redistribución propios de la Economía Social de Mercado para abandonar el enfoque de la Demanda propio del keynesianismo – fundamento teórico del modelo vigente hasta el momento – por las políticas de la Oferta, propias del modelo neoclásico -que llevaba más de dos décadas ganando peso académico y político en el establishment anglosajón opuesto a las políticas socializadoras-, lo que como consecuencia precarizó a la clase trabajadora debido a la desindustrialización por deslocalización de la producción hacia países del Tercer Mundo, sobre todo China, y la consiguiente represión salarial en el Primer Mundo – uno de los ejes sobre los que pivotaban los objetivos de las políticas económicas neoclásicas -.

En este contexto apareció el concepto de Capitalismo Popular, que se generalizó en los años 80 como herramienta compensatoria de las políticas económicas neoclásicas que inició Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos y que asumieron como suyas, contrariamente a lo esperado, los partidos socialdemócratas del bloque occidental de manera progresiva durante los años 80 y ya de forma acelerada en los 90 y primera década del siglo XXI, con especial intensidad en el PSOE español,  que lo impulsó durante los gobiernos de Felipe González y que suponía una alternativa económica y de ascenso social para una clase obrera que ve desvanecerse el modelo laboral de empleos estables y bien remunerados asociado a un sistema productivo que desaparece con la destrucción del tejido industrial -con la excusa de una necesaria reconversión – para ser deslocalizado, al transformarse en un modelo de empleos precarios y mal pagados asociado a un estructura económica basada en servicios de baja productividad y con el turismo de masas -ya potenciado con las políticas de López Rodo y los tecnócratas de los 60-, y la construcción como motores del país.

El mencionado Capitalismo Popular no es sino una serie de medidas tomadas en el contexto de las políticas neoclásicas, cuyo eje director consistió en la transmutación de la vivienda de bien de uso y consumo a instrumento de ahorro, inversión y especulación – lo segundo también se aplicó a los espacios de uso comercial e industrial – como alternativa económica al modelo industrial de salarios elevados y puestos de trabajo de media o alta cualificación liquidado por un Partido Socialista Obrero Español lanzado entusiásticamente en brazos de ese modelo, llamado comúnmente “neoliberalismo”, con las figuras de Boyer y Solchaga como principales adalides, y traicionando a su electorado de clase obrera. Frases como “la mejor política industrial es la que no existe” o “El capitalista que especula en los mercados financieros es progresista” han quedado para la historia como epítomes de esta época.

Se desarrolló así una estructura económica de rasgos “fisiocráticos” basada en un rentismo no productivo, que no genera riqueza real, exacerba las desigualdades sociales y perjudica gravemente, no solo el bienestar colectivo, sino al funcionamiento del propio sistema capitalista a medio y largo plazo, como se puede comprobar si se analiza desde el punto de vista del Enfoque de la Renta.  

De acuerdo con dicho enfoque, el problema generado con el inmobiliario tanto comercial como residencial tiene su origen en la asignación errónea de la renta entre sectores económicos – pensando en la redistribución del Capital / Renta generados como en un esquema de vasos comunicantes-, y no necesariamente en una dinámica de oferta y demanda, que es la explicación comúnmente aceptada-. Esta asignación errónea era el principal mecanismo de compensación de las políticas neoclásicas hacia la clase trabajadora. Las consecuencias de este mecanismo son los altos costos de vivienda y de los espacios de uso comercial e industrial, los cuales tienen dos efectos devastadores sobre el mecanismo de generación y transferencia de rentas:

Este modelo de acumulación por transferencia de Renta/capital hacia los tenedores de viviendas / locales comerciales que pasa por encima del derecho al acceso universal a la vivienda fue fomentado por las políticas de los dos grandes partidos desde mediados de los 80, que aprovecharon las lagunas de legislaciones sociales que provenían del franquismo que convertían las viviendas protegidas en viviendas libres y desarrollaron sus propias normativas -Ley de Arrendamientos Urbanos- que generaron una burbuja inmobiliaria en dos etapas, una primera etapa caracterizada por un alza especulativa entre 1985 y 1990, y una segunda etapa que se inició en 1996 con las políticas del Partido Popular- Ley de Liberalización del Suelo, etc…- y que continuó el PSOE tras su victoria en 2004 y que estalló en 2008 dejando millones de familias en la ruina en la que fue la mayor crisis económica en un siglo.

Los gobiernos posteriores a la crisis, tanto del PP como del PSOE, no aprovecharon la situación para reorientar el modelo económico, sino que incidieron en el mismo a través de las políticas de “reinflado” de la burbuja – “Visa Oro”, fomento del alquiler turístico, SOCIMIS – que han impulsado la gentrificación y disparado los costes de la vivienda por encima de los valores de 2008 absorbiendo gran parte de los ingresos de la población, limitando o anulando su capacidad de consumo, ahorro e independencia. De hecho, el coste de una vivienda ha pasado de 3 salarios anuales brutos de un trabajador a 8 desde mediados de los 80 a hoy.

Paralelamente, la posterior gestión del parque de viviendas sobrante de la crisis de 2008 a través de la SAREB ha sido manifiestamente mejorable, y la venta de miles de viviendas públicas a fondos de inversión privados han reducido el ya de por si escuálido volumen de vivienda pública en nuestro país.

En vez de abordar este desafío estructuralmente, los últimos gobiernos del PSOE han ofrecido respuestas limitadas e inconexas y solo centradas en el inmobiliario residencial: límites de precios sin mecanismos de control efectivo, subvenciones a arrendatarios que producen un incremento paralelo de precios, normativas generadoras de alarma social o propuestas de compra de viviendas de segunda mano que, mal planteadas, pueden suponer un acicate para la especulación. Y eso cuando la correlación de fuerzas parlamentarias no ha neutralizado directamente, vía enmiendas, los pretendidos efectos positivos de las normativas aprobadas. Las recientes propuestas del presidente del gobierno en este campo, si bien van en la buena dirección y tienen la virtud de enfrentar el problema desde un enfoque multivectorial acorde con los efectos que tiene la crisis de la vivienda, se quedan en un amago en puntos esenciales -mantenimiento de las SOCIMIS, incentivos fiscales positivos mal orientados para propietarios y escasamente disuasorios para compradores extracomunitarios, insuficiente represión sobre el alquiler turístico- con el evidente fin de no dañar sus expectativas electorales, y no se aplican al mercado de los espacios de uso comercial e industrial, fundamental para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Y es que todo ello no ataca en profundidad, ni lo pretende, la raíz del problema, que está en la inadecuada distribución de rentas antes mencionada y causada por el Capitalismo Popular que ha dominado la escena económica en los últimos 40 años, que se fundamenta en la consideración del inmobiliario como un bien de mercado – esto es, de ahorro, inversión y especulación- y no como un bien de primera necesidad e infraestructura básica. La consecuencia de este modelo ha sido triple:

Esto supone un desafío para cualquier política de Vivienda al haber una parte sustancial de la población, la de mayores ingresos, que en un porcentaje muy elevado debe estos a la extracción de rentas no productivas de las capas menos pudientes de la sociedad así como del pequeño empresariado, cuyas capacidades respectivas de consumo e inversión se ven cercenadas en su totalidad, abocándoles a la miseria perpetua. Y es que los intereses del colectivo rentista – que no aporta riqueza-trabajo a la sociedad sino que lo detrae de ella – van en contra de los de la gran mayoría de los ciudadanos y de la supervivencia del propio sistema capitalista, que se basa en el crecimiento del capital en base a la generación de riqueza / valor añadido /plusvalía a partir del binomio Trabajo-Empresa. Este sector de la población, dada su relevancia porcentual en el cuerpo electoral, supone un elemento de presión que condiciona la acción de los gobiernos de cara a tomar medidas efectivas.

• Relacionado estrechamente con lo anterior, ha supuesto el desmantelamiento del movimiento obrero y de clase trabajadora en general, al “convencer” a buena parte de sus miembros que la solución a la represión salarial y la precariedad propias de las políticas económicas resultantes de la aplicación de los modelos neoclásicos estaba en su desclasamiento al convertirse en capitalistas por acción del valor de sus viviendas, aunque fuera, como ha sido, a costa de otros miembros de su misma clase, así como de las siguientes generaciones, las cuales han tenido que cargar sobre sus hombros con la sobrevaloración inmobiliaria a costa de sus proyectos vitales – el desplome demográfico está estrechamente relacionado con el problema de la vivienda  y la precariedad laboral- en lo que supone una traición generacional en toda regla, cual Saturno devorando a sus hijos, metafóricamente hablando.

Por todo lo anteriormente expuesto, la solución al problema de la vivienda requiere un enfoque integral que resulte en un obligado realineamiento de rentas inmobiliarias – ya alquileres, ya plusvalías – en relación con salarios, beneficios empresariales, rentas financieras y pensiones, a través de una redirección de los mecanismos de transferencia de Renta cuya consecuencia sea una corrección valorativa general, para lo que apuntamos algunas propuestas:

• Competencia Estatal Exclusiva sobre Vivienda e Inmobiliario Comercial e Industrial, eliminando disparidades territoriales.

• Parque Público de Viviendas y Espacios de Uso Comercial e Industrial,  a través de la reserva de suelo público residencial,  construcción y rehabilitación energéticamente eficiente y mantenimiento  de infraestructuras, viviendas y espacios de uso comercial e industrial por una entidad estatal independiente de las grandes constructoras, dedicadas a alquiler, usufructo y venta a precios tasados, compra de viviendas y espacios comerciales e industriales de segunda mano a particulares y sociedades de inversión a precio tasado -esto es, descontado el componente especulativo -, garantizar alquileres asequibles limitados a un máximo del 15% del SMI para las viviendas y a un máximo del 1% por ciento de los beneficios brutos a los espacios comerciales e industriales, y aplicar el derecho de retracto al precio de venta original actualizado con la inflación sobre la recompra de las viviendas y espacios de uso comercial e industrial construidas por la entidad estatal para mantener precios accesibles.

• Urbanismo sostenible y social, mejorando la habitabilidad de nuestras ciudades, integrando de forma coherente redes viarias, zonas verdes y residenciales, impidiendo el uso de locales comerciales como viviendas, preservando así los negocios de proximidad que sostienen la actividad económica y los servicios en los barrios, y prohibiendo la venta o alquiler de infraviviendas. La desconcentración económica e institucional impulsaría dicha sostenibilidad, reduciendo la demanda y normalizando los precios en zonas tensionadas.

• Regulación del Mercado: Impedir la especulación a través de límites temporales a precios de alquileres y ventas hasta estabilizar el mercado, restricciones al crédito hipotecario para propiedades infladas, transparencia en las transacciones, supresión del alquiler turístico en zonas tensionadas y regulación estricta del mismo en el resto -5% de pisos turísticos por barrio y ciudad, límite del 10% por bloque de viviendas, consideración de actividad económica hotelera, unanimidad de los propietarios de la comunidad de vecinos para su implantación-, prohibición de la compra de viviendas a extracomunitarios, Fondo Estatal de Garantías para asegurar los pagos de alquiler de viviendas y espacios de uso comercial e industrial privados a sus propietarios -limitado en cantidad a los precios públicos mencionados en el primer punto-, y supresión de las SOCIMIS.

• Reformas Fiscales tales como la actualización de valores fiscales según los precios reales de compraventa, asociado a gravámenes fuertemente disuasorios – a través de incrementos exponenciales del IBI, por ejemplo – para las viviendas vacías distintas a la habitual o de segunda residencia y para los espacios de uso comercial e industrial en municipios tensionados, la eliminación de beneficios fiscales de aquellas actividades económicas que incentivan la acumulación especulativa, así como una tasa turística finalista que contribuya a financiar el mantenimiento del parque público de viviendas. Como contraprestación bonificar fiscalmente de forma sustancial a los pequeños inversores en los sectores de alta productividad a través de un Fondo Publico de Inversiones -en la línea de las propuestas del Plan Draghi-, canalizando así el capital acumulado en el inmobiliario hacia el sistema productivo y reparando los mecanismos de transferencia de Renta para garantizar un crecimiento robusto y de bases sólidas, y con ello los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la Economía Social de Mercado, sin la cual el capitalismo intensifica sus contradicciones, que le llevan al colapso.

• Redistribución de la Renta con medidas como la subida de las pensiones por encima del IPC para evitar la necesidad de completarlas con rentas de alquiler.

• Educación a través de campañas para informar a la ciudadanía y proteger a los consumidores a través de campañas sobre los riesgos de la especulación y mostrar la vivienda como bien de primera necesidad.

Sin embargo, todas estas medidas no resolverán el problema de la crisis inmobiliaria en España  sin una clara voluntad de las élites económicas y políticas para replantear un modelo económico que ha fallado en adaptarse y equilibrar las necesidades de la población y de las empresas con la lógica del mercado, cambiando el concepto de vivienda, tratándola no como una mercancía sino como un derecho básico, y el de espacios de uso comercial e industrial, entendiéndolos como una infraestructura básica para la creación y mantenimiento de empresas y no como un elemento de extracción de la riqueza generada por los empresarios por parte de los rentistas, todo ello mediante políticas que prioricen el bienestar colectivo sobre los intereses especulativos, asegurando así la sostenibilidad a largo plazo del sistema.